Bruselas abre un procedimiento de infracción contra España por la OPA a Sabadell
La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de varias disposiciones europeas en el procesamiento de la BBVA OPA en Sabadell. Específicamente, el ejecutivo de la comunidad cuestiona «el uso» … El gobierno de diferente disposiciones legales Eso, en su opinión, contradice las normas de la comunidad sobre la libertad de establecimiento y la libre circulación del capital.
La decisión de la comisión ya no afecta directamente En la marcha del BBVA OPA en Sabadell, a menos que los responsables del banco adquirente tuvieran la voluntad de utilizar este hecho y emprender uno acción legal Contra el gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de la reputación, la decisión de Bruselas deja al ejecutivo de Pedro Sánchez en una situación delicada, ya que se confirmaría que ha intervenido en una operación comercial exclusivamente por razones políticas, específicamente para complacer a su socios de independencia que se opuso a la absorción de Banco Sabadell.
Aunque el comienzo del archivo se remonta a agosto de 2024, cuando la comisión recibió un Denuncia de un ciudadano español ADVERTENCIA DEL POSIBLE USO TORTICO Por el gobierno de ciertos mecanismos legales, el proceso de este procedimiento de infracción se ha detenido en Bruselas debido a la intervención del vicepresidente de la Comisión y responsable de la competencia, Teresa Ribera, quien entendió que el ejecutivo de la comunidad no debe ingresar a esta operación porque los dos bancos tienen la mayor parte de su número de negocio (más de dos thirds) en el mercado español.
Da la impresión de que el comisionado del mercado financiero, María Luis AlbuquerqueHa tenido que esperar hasta que la Comisión acordó enviar otra carta a las autoridades italianas en la que también cuestiona la legitimidad de su discurso para obstaculizar la operación bancaria de la BPM UNICredit-BPM, que hizo prácticamente inevitable que el archivo contra España se desbloquee.
De hecho, el gobierno ya sabía que era Bajo la lupa De la comisión desde el año pasado, cuando Bruselas abrió un procedimiento de consulta sobre estas dudas sobre la interpretación que tenía la intención de hacer la disposición adicional 12 de la Ley 10/2014 Transposición de la Directiva de Capital y Royal Decreto 84/2015 que, según la Comisión, podría contradecir la directiva de los requisitos de capital y los de la Unión Bancaria. Esos contactos, «intensos y leales» según las fuentes de la comisión, no sirvieron para cambiar el curso de la actitud del gobierno español, por lo que el archivo no se cerró con estas consultas.
La Comisión entiende que es una transacción de mercado y que solo debe estar sujeto al control de las autoridades competentes, que en este caso sería el Banco Central Europeo (BCE), ya que afecta a más del 10% de la participación de las acciones, en línea con las disposiciones del mecanismo de supervisión única. En el campo de CompetenciaNo cumpla con la cifra comercial fuera de España para que la Comisión hubiera intervenido directamente, por lo que la decisión recayó en el CNMC de que, según las fuentes de la Comisión, «hicieron un trabajo serio y riguroso» y autorizó la operación.
La pregunta que planteó la mayor preocupación por parte del Comisionado de Servicios Financieros fue el anuncio de una consulta pública de Pedro Sánchez el 5 de mayo, algo que para Bruselas era «extraño». Tampoco se acordó este departamento comunitario con la orientación con la que el Ministro Carlos Corps llevó la operación a la Consejo de Ministros Basado en la ley de defensa de la competencia, ya que según la lectura que está hecha de Bruselas, se debe utilizar más para reducir algunas de las condiciones impuestas por el regulador de lo contrario. Según la Comisión, la lista de razones de interés general que el gobierno podría usar puede verse como un intento de evitar una concentración arbitrariamente, mientras que Bruselas cree que cualquier obstáculo a este respecto «debe ser apoyado por Razones de interés general y ser proporcional ».
La carta que se envía hoy al gobierno abre un período de dos meses para que el gobierno responda a los requisitos hechos por la Comisión. Con lo que responde el gobierno, el ejecutivo de la comunidad puede preparar una opinión motivada en la que el gobierno indicaría lo que deberían tomar las decisiones concretas, dentro de otros dos meses. Y si después de esos dos meses no se han cumplido estos requisitos, España se podía ver antes Jueces de luxemburgo en un procedimiento que podría conducir a sanciones millonarias.
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