El Royal Decree-Law 7/2025, que aprueba medidas urgentes para fortalecer el sistema eléctrico y cuya validación se vota el 22 de julio, representa uno de estos momentos en los que tenemos que elegir ingresar al pasado o apostar por nuestra soberanía energética y nuestra prosperidad económica. Nacido después del apagón del 28 de abril que dejó a millones de españoles sin electricidad y causó pérdidas de 1,6 mil millones de euros, este texto no es otro estándar técnico, no solo nos da seguridad de suministro y nos protege de posibles crisis técnicas o geopolíticas, sino que también nos da instrumentos para convertirnos en un poder energético gracias a la energía fotovoltaica. Mientras Europa busca alternativas a la importación de combustibles fósiles, España ha desarrollado el ecosistema fotovoltaico más completo del continente.

Hoy somos líderes mundiales en tecnología, exportamos conocimiento a los cinco continentes, hemos creado una industria que apoya a más de 160,000 familias en España, contribuimos alrededor del 1% del PIB, y nuestros municipios, especialmente en las áreas rurales, han encontrado en la energía solar una nueva fuente de prosperidad.

Pero el liderazgo sigue corriendo más rápido que la competencia y aprovechando las oportunidades. Y ahí es donde la ley real del decreto, con sus medidas para modernizar la red eléctrica, facilitar el almacenamiento de energía y acelerar el procesamiento de proyectos renovables, se vuelve estratégico.

Tenemos tecnología, empresas y recursos, pero necesitamos completar la regulación que nos permite mostrar todo nuestro potencial. El apagón del 28 de abril fue el síntoma visible de un riesgo estructural. Al igual que en la crisis energética global de los años 70, o en las transformaciones industriales del cambio del siglo, un temblor externo ha revelado nuestras vulnerabilidades internas. La diferencia es que esta vez tenemos en nuestras manos las herramientas para resolverlo.

La ley real del decreto no es una respuesta improvisada a una crisis específica. Con medidas que van desde la expansión del consumo de autoevaluación colectiva hasta a 5 kilómetros de distancia, la creación de la figura del gerente de energía y la introducción de incentivos fiscales para la electrificación; Es la culminación lógica de un proceso de transformación de energía que comenzó hace años y que ahora debe completarse con regulaciones en el apogeo de nuestra realidad. Al día siguiente 22, el Congreso decidirá entre dos modelos de países votando la validación de este estándar.

La España que facilita la validación de esta ley de decretos reales será la España que confía en su capacidad de liderazgo, que cree en sus empresas y que entiende que la infraestructura actual es la base de la prosperidad del mañana. Este RDL también trae herramientas importantes para evitar nuevos apagones, mientras que nos ayuda a reducir la dependencia energética de los terceros países, no es un problema ideológico. Es un problema estratégico y futuro.

España puede ser un líder en esta cuarta revolución industrial aprovechando la ventaja competitiva que nos da la energía fotovoltaica. Tenemos el sol, las empresas, el talento y la experiencia. Necesitamos continuar avanzando en la regulación que permita que todo ese potencial se despliegue mientras nos da la seguridad de la oferta que necesitamos. El Royal Decree-Law 7/2025 es esa pieza faltante. Como cuando apostamos por las grandes transformaciones del pasado, tenemos una decisión que marcará nuestro futuro de energía. Una decisión que, esperamos, sabe cómo tomar y priorizar el progreso como país.