La decisión se produce después del incumplimiento repetido del Otorgar dictado en la infraestructura rreef GP Ltd vs Kingdom of España (Ciadi Case No. ARB/13/30), en el que el estado español fue sentenciado a compensar con 59.6 millones de eurosMás intereses de demora, para esta empresa, para recortes retroactivos a primas renovables.

Los abogados del reino de España, representados por la empresa NautadutilhInvocaron la decisión de la Comisión Europea del 10 de noviembre de 2017 para oponerse a la ejecución, alegando que mientras la investigación comunitaria aún esté abierta, laudos derivados del Tratado de la carta de energía (TCE). Según esta tesis, los premios intrautorales están prohibidos y esa prohibición también se extiende a la justicia belga.

Sin embargo, el argumento fue rápidamente desmontado por los abogados del caso RREEF, de la firma Loyens & Loeff, señalando que la matriz de inversión está domiciliada en el suelo británico, más allá del alcance jurisdiccional de la UE. Al confirmar esta certeza, el juez belga, Els de Breucker, falló a favor de Rreef, que ha manejado el caso a través de inversiones renovables de Blasket, y ordenó el embargo.

Un conflicto nacido de recortes a primas renovables

La inversión de RREEF se remonta a los años 2007-2010, en proyectos de viento y trama en Andalucía, bajo el esquema premium garantizado (tarifa de alimentación) promovido por el gobierno de España. Después de atraer inversores internacionales, el ejecutivo cambió las reglas del juego retroactivamente, con diferentes cambios entre 2010 y 2014 que Alteraron el esquema de remuneración originalmente propuesto, de hecho modificándolo retroactivamente.

El tribunal de Ciadi que resolvió la disputa entre Rreef, bajo el TCE, concluyó que España violó el estándar de Tratamiento justo y equitativo (FET), así como los principios de estabilidad y transparencia, alterando retroactivamente las condiciones prometidas a los inversores.

El premio, emitido en 2019, impuso una compensación por 59.6 millones de euros. A esta cifra debemos agregar la acumulación de intereses desde el 30 de junio de 2014 a una tasa de 2.07%, así como diferentes oraciones en las costas sufridas por España, lo que aumenta el pago total pendiente a aproximadamente 73 millones de euros.

El fracaso de la justicia belga ordena a Eurocontrol que notifique Enaire dentro de un período máximo de 15 días. Las cuentas incautadas mueven hasta 500 millones de euros al año en tarifas aéreas, con un volumen especial en los meses de verano. Cualquier perturbación en estos flujos podría tener un impacto en los servicios comerciales y de carga.

Más de 25 premios pendientes de pago

España acumula un total de 26 premios en espera de pago en caso de renovables, con una deuda cercana a la 1.493 millones de euros debido a las decisiones principales. A esa cifra debemos agregar alrededor de 180 millones en concepto de interés por demora, así como el impacto de las convicciones, que exceden los 90 millones. Si agregamos a esta cifra las tarifas dedicadas a la contratación de consultores y firmas de abogados, encontramos que las obligaciones derivadas del no pagos son de alrededor de 1,865 millones de euros. Ningún otro país tiene un mayor número de condenas de arbitraje en la situación de incumplimiento, y solo Venezuela y Rusia comparten con España el dudoso honor de aparecer como deudores repetidos.

Esta nueva varita legal llega solo unas semanas después de que el gobierno español acordó pagar, por primera vez, uno de estos premios, referido al caso del grupo japonés JGC. Por lo tanto, los afectados reiteran su voluntad de negociar y recuerdan que la resolución de la circunstancia actual requiere una dinámica constructiva que permita establecer los valores predeterminados acumulados, evitando nuevas situaciones como el embargo que ahora está autorizado.

Por lo tanto, en relación con el caso RREEF y con el resto de las disputas que permanecen pendientes de pago, los afectados solicitan al Gobierno de España que actúe con pragmatismo y facilitar un acuerdo constructivo para todas las partes. Esto contribuiría a poner fin a los embargos de los bienes por parte de la justicia de los terceros países y facilitaría un mayor grado de certeza legal dentro del alcance de las inversiones requeridas por la transición energética.