Después de varios intentos anteriores por la iniciativa del PNV, el gobierno realiza una nueva incursión para poner fin a la ley francoísta de los secretos oficiales y reemplazarla con una nueva ley de información clasificada. La última vez que lo intentó fue en la última legislatura, cuando tenía un mensaje de texto listo, pero estaba frustrado cuando se convocaron las elecciones. Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado el martes el proyecto de ley que sacará a la luz los documentos reservados de Franco y la transición, al establecer la desclasificación automática de los documentos secretos de más de 45 años o más.

De esta manera, España terminará el secreto sine die que recolectó la Ley Francoísta, de 1968, que no estableció plazos para la desclasificación. El proyecto de ley aún no ha pasado por el proceso parlamentario y, cuando se aprueba, establecerá un año de adaptación antes de entrar en vigor. Con este nuevo intento, como defendió en la posterior conferencia de prensa, Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, España, será aprobado con las «Democracias más avanzadas»: «superamos un ascensor de nuestra legislación, una ley pre -Constitución que proviene de la dictadura».

El texto establece una serie de niveles de clasificación y plazos que van en sintonía con ellos como la Comisión Europea y la Comisión Europea, ha especificado Bolaños.

El período máximo de clasificado será de 60 años en el caso de Categoría de ‘alto secreto’, que tendrá un período de 45 años más 15 de posibles extensiones. Las otras tres categoias son ‘secretas’ (35 años para la extensión de más de 10), ‘confidencial’ (7-9 años) y ‘restringido’ (4-5), los dos últimos sin posibilidad de extensión. Sin embargo, habrá excepciones para mantener el secreto al considerar que hay suficientes razones, ha especificado Bolaños.

Además, indica que las violaciones de los derechos humanos o los crímenes contra la humanidad pueden no ser clasificados y Se introduce un régimen sancionador con multas que van desde 30,000 a 2.5 millones de euros.

Para su implementación, el gobierno creará una autoridad nacional bajo el Ministerio de Presidencia. Además, las personas que pueden justificar un interés profesional en esta información, como investigadores, periodistas o historiadores, serán legitimadas para solicitar su desclasificación una vez que haya expirado el período de clasificación.

El acceso del Congreso de Diputados a la información clasificada a través de la Comisión Parlamentaria constituido para este propósito también se fortalece.