España agrega otro revés legal debido a la reducción de las primas a las energías renovables. El Centro Internacional para el Acuerdo de Diferencias en relación con las inversiones (CIADI), el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundialha rechazado la solicitud presentada por España para cancelar una adjudicación de más de 106 millones de dólares (91 millones de euros) a favor de Eurus Energy Holdings CorporationUna empresa japonesa vinculada al grupo Toyota, perjudicada por recortes retroactivos al régimen de energía renovable. La decisión se produce unas semanas después de un nuevo embargo de bienes que ha confiscado los ingresos del control del aire que España recibe de Eurocontrol a través de Enaire, en el marco del caso RREEF, otro afectado por la retirada de las primas renovables.

El comité de Ciadi a cargo de revisar el caso desestimó los argumentos presentados por el estado español para solicitar la anulación del laudo, ya que no se ajustaron a ninguna de las razones contempladas por el Acuerdo de Ciadi. El premio original, emitido en febrero de 2021, Condenó a España por violar el Tratado de la Carta de Energía (TCE) hacia Modificar retroactivamente el marco regulatorio que alentó la inversión extranjera en energía eólica. El tribunal concluyó entonces que Eurus, formal de Toyota, había realizado sus inversiones basadas en un régimen regulatorio estable y predecible, que fue sustancial y dañino, afectando seriamente la rentabilidad de sus proyectos, pioneros en la consolidación de España como una referencia en el campo de las energías limpias. En noviembre de 2022, el tribunal de Ciadi otorgó a Eurus un Compensación de 106.2 millones de dólares (91.2 millones de euros)Más intereses acumulados desde el 1 de junio de 2021 y los costos legales de aproximadamente 4 millones de dólares (3.4 millones de euros), lo que aumenta el total actualmente adeudado a aproximadamente 113 millones de dólares (poco más de 97 millones de euros).

Hasta la fecha, España ha perdido más de 25 procedimientos arbitral. Además de las derrotas arbitral, el estado español acumula numerosas condenas contra la detención del cumplimiento de oraciones de arbitraje vinculantes que derivan de la retirada retroactiva de las primas renovables después de la gran recesión, una medida que alcanzó más de media cien compañías e inversores extranjeros que inyectaron más de 70,000 millones de euros en el sector energético español.

La subsidiaria de Toyota había invertido en doce parques eólicos en Galicia y otros tres en Asturias bajo un sistema de tasas reguladas (Tarifas de alimentación, o en forma) respaldadas por el gobierno. Las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 que alteraron sustancialmente el marco de incentivos de energía renovable incluyeron un impuesto del 7% sobre los ingresos de la venta de energía y el reemplazo del sistema FIT con una vaga promesa de «rentabilidad razonable». Además, los cambios incluyeron una retirada retroactiva de las primas pagadas antes de 2013, a pesar del hecho de que estos incentivos estaban garantizados por el régimen de ajuste prevaleciente.

YEspaña ya debe 1,492.8 millones de euros a un total de 26 empresas acreedores -among que se encuentra Eurus Energy, a la que se agregan 358.1 millones como intereses de retraso, costos de procedimiento y otros gastos derivados de la estrategia no remunerada del estado español, que agrega un total de 1.850.9 millones, según el portal de «deuda renovable española». Además, el daño a la economía española como resultado de los procedimientos de no pago de bonos, una mayor incertidumbre y un mayor riesgo legal aumenta a 19,926 millones de euros. España ocupa la primera posición de premio (falla que termina el procedimiento de arbitraje) violó, por delante de Venezuela y Rusia.

La dinámica del incumplimiento a los inversores de España a pesar de las sentencias contra él comenzó a romperse en junio de 2025, con el pago del premio correspondiente a otra compañía japonesa, JGC Corporation, por 32 millones de euros. Sin embargo, mientras no se produzca la totalidad de los 26 premios restantes, los inversores afectados continúan recurriendo a tribunales de terceros países, que ya reconocen a España como un estado deudor. Esta ruta ha resultado en embargos de activos del reino, como la decisión judicial emitida en Bélgica en julio de 2025, que ordenó los ingresos que España recibe por las tarifas aéreas a través de Eurocontrol y Enaire.