Trump estudia sancionar a los funcionarios que apliquen la regulación digital de la UE, según Reuters
Estados Unidos estudia imponer sanciones a los funcionarios de la Unión Europea o de países miembros como España responsables de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la pionera normativa que obliga a los gigantes de Internet a adoptar medidas para frenar la proliferación de bulos, contenidos de odio y contenido ilegal como el abuso sexual infantil.
La administración presidida por Donald Trump está considerando esta medida de coerción sin precedentes para defender a sus empresas tecnológicas de una regulación que, considera, censura las voces conservadoras, según ha avanzado Reuters en exclusiva.
Altos funcionarios del Departamento de Estado se reunieron la semana pasada para debatir cómo se aplicaría esa medida punitiva. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, de seguir ese camino, Washington podría optar por restringir la concesión de visados a los responsables de aplicar la normativa digital, explican fuentes internas a la agencia. En España, esa tarea recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) bajo designación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Tensión transatlántica
Aprobada a finales de 2022, la DSA ha actualizado el marco jurídico que regula el ecosistema digital en la UE para obligar a las grandes compañías del sector —la mayoría de ellas de EEUU— a ser más transparentes, frenar las campañas de desinformación, no engañar a sus usuarios o a eliminar el material ilegal que circula en sus plataformas. Las empresas que incumplan la regulación pueden ser multadas con hasta el 6% de su volumen de facturación anual mundial, cifras astronómicas que preocupan a la Casa Blanca.
Esas exigencias, en vigor desde principios de 2024, afectan principalmente a gigantes como Google, Amazon, Meta o la china TikTok, acusada formalmente el pasado mayo de violar la normativa. Aunque la mayoría de esas empresas han tomado medidas para adaptarse al texto legal, lo han hecho a regañadientes bajo la amenaza de ser sancionadas.
Si bien el presidente demócrata Joe Biden se había quejado de unas normas que consideraba demasiado restrictivas, Trump ha adoptado amenazas arancelarias que han disparado la tensión en Bruselas y deteriorado la histórica relación transatlántica. Reuters destapó hace unas semanas que, de la mano del Secretario de Estado Marco Rubio, la administración conservadora ha ordenado a sus diplomáticos en Europa que pongan en marcha una campaña de oposición a la DSA con el fin de modificarla o derogarla.
«Censura», acusación «infundada»
La Comisión Europea ha negado reiteradamente las acusaciones de «censura» lanzadas por el Gobierno trumpista, calificándolas de «completamente infundadas». «La libertad de expresión es un derecho fundamental en la UE. Es uno de los pilares de la DSA», ha señalado un portavoz en declaraciones a Reuters.
La hostilidad de Trump también se ha traducido en una inaudita intromisión en la política interna de los aliados europeos. El presidente y sus acólitos, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, han acusado reiteradamente a Bruselas de intentar silenciar las voces críticas con la inmigración y el proyecto comunitario a la vez que defienden a partidos de extrema derecha que, como Vox en España, Agrupación Nacional en Francia o Alternativa por Alemania, replican los pasos del trumpismo en Europa.
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