Nuevo Varapalo judicial para España en el conflicto por reducir las primas a las energías renovables hechas por el gobierno de Mariano Rajoy. La justicia australiana ha emitido una sentencia contra el país en cuatro procedimientos para los cuales ordena la ejecución de premios de arbitraje por valor de 469 millones de euros.

Esto ha sido ordenado por el juez Stewart del Tribunal Federal de Australia, quien ha rechazado los argumentos de inmunidad soberana presentada por el estado español y ha dado el derecho a los demandantes en todos los puntos del fallo.

En total, las convicciones agregan más de 469 millones de euros, a los cuales se agregarán intereses y costos. Por lo tanto, 59.6 millones corresponden al caso RREEF, otros 41.76 millones al caso 9Ren, 77 millones para los Watkins y 290 millones de caso para el caso Nextera.

El magistrado enfatizó en su sentencia que España no puede protegerse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de premios vinculantes.

También criticó la estrategia procesal de la defensa estatal, que describió como «poco útil y pesado», Según las fuentes de la representación de las cincuenta compañías y los fondos afectados.

La sentencia no solo rechaza todas las defensas de España, sino que también impone costas contra el país e incluso contra la Comisión Europea, «cuya intervención en apoyo de España fue desestimada por irrelevante y repetitiva».

La deuda de España por primas renovables continúa creciendo

Con esta resolución, España encadena una cascada de derrotas consecutivas en un solo mes antes de los tribunales de Bélgica, Estados Unidos y ahora en Australia.

De hecho, la reciente resolución emitida por los tribunales de los Estados Unidos reconoce el derecho de los inversores afectados a instar al pago de las alojas antes mencionadas en otras jurisdicciones no europeas, donde algunos de ellos ya han solicitado con éxito la toma de activos estatales.

En total 26 sentencias firmes contra y más de 1.400 millones de euros en premios no remunerados, Cumplir que asciende a 1,870 millones de dólares Si se incluyen los intereses y gastos judiciales.

Según el último cálculo realizado por los servicios estatales, y que se incluye en la cuenta general de 2024, la hacienda ya estima en más de 2,000 millones de euros los costos que pueden ser los diferentes conflictos legales que tiene con los afectados.

«La decisión del Tribunal de Australia lanza un mensaje claro: España no puede esconderse en inmunidad para evitar sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional. Y los jueces lo están confirmando ”, dice un portavoz de las empresas afectadas.

Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez, han estado protestando en la decisión de la Comisión Europea con respecto al premio con Antín en 2018. Bruselas consideró en marzo pasado que si España hace que el pago sea efectivo, significaría una ayuda estatal ilegal De acuerdo con las regulaciones comunitarias.

Es por eso que ordenó que los 101 millones de euros reconocidos en el premio no se desembolsen, así como que no haya otra ejecución de pago o aplicación del arbitraje de incumplimiento de Antin o cualquier entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados de él.

También se debe tener en cuenta que el gobierno recientemente cerró un acuerdo para liquidar el premio con la firma japonesa de JGC, que abrió la puerta a soluciones más negociadas, este es el único caso en el que se ha desembolsado el dinero para resolver la deuda.

Sin embargo, en ausencia de avances en el resto de los casos, los inversores continuarán recurriendo a embargos en el extranjero.