Seguros de Alquiler ya está preparando sus alegaciones contra la propuesta de sanción, por importe de 3,6 millones de euros, que anunció ayer el Ministerio de Consumo y ha confirmado que presentará alegaciones en el plazo correspondiente para defender la legalidad de sus servicios. La empresa ha defendido que cumple con la ley, ha rechazado las acusaciones de realizar prácticas abusivas en la gestión del alquiler y ha asegurado que varias sentencias judiciales avalan el cobro de los servicios.

Según informa la inmobiliaria en un comunicado, todos los servicios que ofrece a propietarios e inquilinos son «transparentes, públicos y voluntarios, incluidos los costes de gestión y formalización del contrato», que recaen exclusivamente en el arrendador, según consta en el contrato de prestación del servicio. «La voluntariedad en la suscripción de los servicios de Seguros de Alquiler, y en concreto, del Servicio de Asistencia al Inquilino (SAI), ha sido reconocida en hasta tres procedimientos judiciales por tres juzgados que han analizado su alcance y aplicación», señalan.

Rental Insurance ha presentado estas tres sentencias ganadas por la empresa, en las que el Juzgado rechaza las acusaciones contra la empresa. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda contra la empresa por cobrar por este servicio, aclarando que no sólo no es abusivo ni una imposición, sino que incluye todo un conjunto de beneficios voluntarios que son útiles para los inquilinos durante toda la duración del contrato de alquiler. La sentencia establecía que la empresa ofrecía un contrato de servicios al inquilino «sin ningún tipo de imposición, pudiendo el demandante optar por alquilar la vivienda directamente sin intermediación de la demandada». Precisamente ayer conoció una nueva resolución judicial que corrobora que todos los servicios que ofrece «son voluntarios y generan un beneficio para sus clientes».

Por este motivo, Seguro Rental considera que la cuantía que fija el Ministerio de Consumo en la propuesta de sanción es «abusiva y desproporcionada. La compañía rechaza la imposición de cualquier tipo de sanción y defenderá la legalidad de su actuación en la fase de alegaciones». defiende que está probado según las sentencias judiciales que siempre que «tuvo lugar una relación contractual entre las partes que se desarrolló con el fin contenido en el contrato suscrito por las partes, la pretensión de devolución del precio pagado por la misma carece de fundamento objetivo alguno, conforme al precepto antes transcrito, por el cual debe desestimarse la pretensión».

Esta propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que ahora deberá ser evaluada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes. Entre las irregularidades que señala Consumo en su propuesta de sanción destaca la «imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el cual se oculta el cobro de gastos que debería asumir el propietario, así como la obligación de contratar un seguro de hogar y un estudio de solvencia económica». A ello se suma «la limitación del derecho a desistir del contrato y el cargamento a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales», informaron fuentes ministeriales.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, indicó ayer que van a poner todos sus recursos en acción para conseguir que «ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado inmobiliario», en lo que aseguró que en los últimos años se ha impuesto la «ley de la selva». Los inquilinos se encuentran en una situación de indefensión, la búsqueda de un apartamento se ha convertido en una competencia, se producen abusos y se vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna. En este contexto, ha anunciado que pondrá a disposición todos los recursos del Ministerio para garantizar que «se respetan los derechos de los inquilinos».