GRANADA 28 de octubre (EUROPA PRESS) –

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha solidarizado con la familia de la joven de unos 20 años que falleció este pasado lunes en una residencia de estudiantes que compartía en la capital granadina, al parecer por el agravamiento de una afección previa por la que había sido atendida en urgencias poco antes y después de que agentes de la Policía Nacional le realizaran maniobras de reanimación cardiopulmonar durante «aproximadamente ocho minutos», en una muestra de apoyo. que también el delegado de Sanidad y Consumo de la Junta en la provincia de Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, planteó este martes preguntas a los medios de comunicación sobre este caso.

La Policía Nacional aún está a la espera del resultado de la autopsia para determinar el motivo concreto de la muerte, sobre la que no hay investigación al no existir indicios de una causa violenta en principio, según las fuentes consultadas por Europa Press. La delegada del Gobierno, que aludió a que, tras el aviso de sus compañeras de piso que denunciaron su deterioro, la Policía Nacional tardó unos tres minutos en llegar al lugar, en la calle Santa Clotilde de la capital granadina, indicó que, a la llegada de la ambulancia al domicilio, los servicios médicos apenas pudieron «certificar prácticamente su muerte».

«Tardaron prácticamente tres minutos en presentarse la patrulla policial que se encontraba en la zona tras recibir un aviso», anotó Fernández. Sobre las 9.45 horas se recibió notificación de que la niña se encontraba mal en el Servicio Coordinador de Emergencias 112 de Andalucía, que movilizó a las policías nacional y local, y a los servicios sanitarios. Luego de someterla a maniobras de reanimación cardiopulmonar, se certificó la muerte, activándose el protocolo judicial según lo estipulado.

Los agentes de la Policía Nacional movilizados por la Sala 091 aplicaron estas maniobras al llegar al piso de estudiantes sin finalmente salvar la vida de esta joven que había sido trasladada previamente a un centro médico para recibir atención, aunque su estado empeoró tras regresar a casa.

En este sentido, el delegado de Sanidad y Consumo de la Junta en Granada ha indicado a los periodistas, a las puertas del edificio judicial de Caleta, donde ha acudido a declarar en la investigación sobre el cierre de una fábrica cárnica de Cájar tras un brote de listeria en 2023, que quería enviar un «abrazo» a los familiares, compañeros y profesores de la fallecida y también a los «profesionales sanitarios que tuvieron que tratarla en diferentes ocasiones», todo desde el «dolor» por un evento de estas características.

«Continuaremos el estudio para ver qué ha pasado exactamente», añadió Sánchez-Montesinos, quien indicó que este tipo de resultados forman «parte» de la «vocación sanitaria que es la más dura que uno puede afrontar».