PAMPLONA, 29 de octubre (EUROPA PRESS)-

Una operación conjunta entre la Policía Foral y los Mossos d’Esquadra ha permitido desarticular una organización criminal que asaltaba camiones que transportaban droga. Hay 5 detenidos entre 23 y 53 años, de los cuales cuatro se encuentran en prisión provisional y cuentan con un total de 44 antecedentes penales.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa en Pamplona mandos de ambos cuerpos policiales. Por parte de la Policía Foral intervinieron el comisario principal del Área de Investigación Criminal, Miguel Ruiz, y el primer agente, Pablo de la Fuente. Por parte de los Mossos d’Esquadra han comparecido el alcalde de la División de Investigación Criminal, Carlos Otamendi, y el sargento Miguel Morenete.

La investigación se inició a raíz de dos violentas agresiones a camioneros en Arazuri (Cendea de Olza) y Celrà (Girona), en las que el grupo de narcotraficantes se identificaron como policías y se quedaron con el camión.

Los hechos ocurridos en Navarra ocurrieron el pasado 26 de abril, y las detenciones se produjeron entre el 13 y el 15 de octubre. A los integrantes de dicha organización criminal, «muy conocida» en Cataluña, se les imputan 8 delitos, entre ellos detención ilegal, tratos degradantes, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal o delitos contra la salud pública.

DETALLES DE OPERACIÓN

El primer incidente tuvo lugar en un polígono industrial de Arazuri, donde una de las víctimas acababa de aparcar un camión procedente de Marruecos que transportaba componentes eléctricos para vehículos. En ese momento, dos coches «aparecieron por sorpresa y del interior salieron varias personas, haciéndose pasar por policías, agredieron al camionero, lo esposaron y lo metieron en uno de los vehículos».

Uno de los agresores era el encargado de conducir el camión hasta Cataluña. Durante el viaje, la víctima «fue atacada varias veces e interrogada sobre si en el camión llevaba droga escondida, concretamente hachís». Finalmente, el camionero fue liberado en un punto indeterminado entre Cunit (Tarragona) y Cubelles (Barcelona), junto con la cabina del camión.

Según la policía, la víctima navarra «no tenía nada que ver con el tráfico de drogas» y «no hay ningún indicio» que «haga pensar» que «sabía que portaba droga». Una vez en Pamplona, ​​y tras recuperar el semirremolque en una zona cercana al lugar donde la habían dejado, denunció el incidente a la Policía Regional. Se calcula que el daño económico sufrido ronda los 200.000 euros.

Las primeras gestiones llevadas a cabo por la Policía Foral dieron como resultado la identificación de un vehículo domiciliado en Cataluña, para lo que solicitaron la colaboración de los Mossos d’Esquadra. La información facilitada por la policía catalana «fue clave para identificar a una de las principales personas investigadas».

Paralelamente a estas gestiones, dos días después del primer incidente, en la localidad de Celrà (Girona) se produjo otro asalto de características muy similares: dos camioneros procedentes de Tánger «fueron agredidos por tres individuos que exhibían un arma de fuego y placas policiales». En ese momento «los obligaron a bajar del camión, los esposaron, les robaron la documentación y los teléfonos móviles y se llevaron el camión». Además, los vehículos con los que los autores acudieron al lugar eran los mismos identificados en el caso del robo en Navarra.

La «coincidencia temporal» de los dos robos, las «similitudes en el modus operandi utilizado» y los primeros esfuerzos por identificar a los investigados llevaron a la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre el Área Central de Investigación Patrimonial de los Mossos d’Esquadra y la Brigada de Delitos contra las Personas de la Policía Foral de Navarra.

La investigación permitió conectar los hechos y localizar la base logística de los principales miembros de la organización criminal en distintas localidades de las comarcas de la Anoia y el Baix Llobregat. Algunos de ellos incluso tenían naves industriales y talleres que frecuentaban como parte de su actividad ilícita. Las comprobaciones realizadas por el personal investigador concluyeron que algunos de los vehículos utilizados en los dos asaltos tenían matrículas duplicadas para dificultar su identificación.

Uno de los principales sospechosos ya contaba con un «amplio historial delictivo» que incluye delitos contra la salud pública y robos con violencia, especialmente agresiones con drogas, así como robos con fuerza en empresas y falsificación de documentos.

Se llevaron a cabo once registros entre viviendas, almacenes y locales de los investigados, realizados en las localidades de Igualada, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Piera y Pinedes d’Armengol (Anoia) y Molins de Rei (Baix Llobregat), todas ellas situadas en Barcelona.

El resultado de la operación fue cinco detenidos y la incautación de más de 15 kilos de hachís, más de 100 gramos de cocaína y cuatro vehículos robados. También fueron localizadas una escopeta de caza y una pistola semiautomática, además de chalecos, credenciales policiales y balizas de rastreo, entre otros objetos.

El dispositivo contó con más de un centenar de efectivos, con agentes del DIC, orden público, Unidad Canina, Unidad Drones, Medios Aéreos, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y agentes de la División de Policía Judicial de la Policía Foral.

UNA INVESTIGACIÓN «MUY COMPLEJA»

Según Ruiz, la investigación fue «muy compleja», entre otras cuestiones porque los vehículos que utilizaban tenían matrículas dobladas «que no correspondían con las del vehículo original» y «había muy pocos datos para extraer».

Por su parte, Otamendi destacó «la importancia de la colaboración entre los cuerpos policiales», y coincidió en que han sido unos meses «de investigación muy difícil». «Los investigados conocen nuestras técnicas de investigación y extreman las medidas de seguridad para que no puedan ser detectados, para que no puedan ser seguidos, para que no puedan ser monitoreados», subrayó.

Pablo de la Fuente también ha destacado «la complejidad de este tipo de investigaciones», ya que «se han realizado más de 450 solicitudes telefónicas a nivel policial y unas 100 a nivel judicial». «Esto no sólo hay que pedirlo, sino que también hay que analizarlo», afirmó.

Asimismo, Miguel Morenete ha explicado que la mayoría de los detenidos «no tenían permiso de conducir» y «conducían vehículos robados», lo que «dificultaba aún más la investigación», ya que el seguimiento «es sumamente complicado».