CIERRE ALMARAZ | Las eléctricas allanan el ‘sí’ del Gobierno a la prórroga de Almaraz retirando la exigencia de una rebaja de impuestos
Las eléctricas dan el primer paso para intentar aplazar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, presentaron este jueves al Gobierno la solicitud formal para posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028. Y tras un largo pulso del Ejecutivo que había bloqueado durante un año los intentos de negociación, las compañías ceden y retiran la exigencia previa de tener garantías de que se aplicaría una gran rebaja de impuestos a las nucleares antes de pedir la prórroga para ninguna central.
[–>[–>[–>Las eléctricas intentan allanar un futuro ‘sí’ del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, aparcando la batalla por la fiscalidad para poder cumplir con las “líneas rojas” que había planteado el Gobierno de Pedro Sánchez para estudiar una cambio en el calendario de cierres de las nucleares, que ahora contempla clausuras escalonadas empezando por Almaraz en 2007 y hasta el apagón nuclear total en 2035.
[–> [–>[–>Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz (con un 52,7%), las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad con los socios minoritarios Endesa (36%) y Naturgy (11,3%). Y la asamblea de socios de CNAT -la sociedad formalmente propietaria de la central- aprobó este jueves pedir la ampliación de la licencia de explotación de la central cacereña. Las compañías aspiran a obtener el plácet del Gobierno antes de marzo de 2026, una fecha que consideran límite para les dé tiempo a asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y ejecutar procesos para garantizar la seguridad de las instalaciones antes de que expire la licencia del primer reactor, el 1 de noviembre de 2027.
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Almaraz y las ‘ ‘líneas rojas’
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Las compañías llevaban meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares. Pero ambas partes han estado manteniendo posiciones maximalistas de partida que han provocado una situación bloqueo y que las conversaciones formales no arrancaran. Las eléctricas han decidido desatascar la situación retirando, al menos de momento, su reclamación de rebajar impuestos a las eléctricas.
[–>[–>[–>Hasta ahora -hasta hace apenas unos días- las energéticas insistían en exigir una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de la vida de las centrales. Mientras que el Ejecutivo se negaba (se niega aún) a estudiar una solicitud que implique trasladar costes a los consumidores o los contribuyentes. Tras meses de impasse, han sido las eléctricas las que aparentemente han cedido, dejando para más adelante una eventual negociación de marco económico del sector, para poder salvar Almaraz.
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Iberdrola y Endesa han estado condicionando muy explícitamente la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy y que ahora queda pospuesta. Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas.
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[–>El Ejecutivo extremeño de María Guardiola ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Una promesa, no obstante, que ahora queda en el aire por el adelanto electoral y la celebración de comicios autonómicos en Extremadura el próximo diciembre. Además, la Generalitat de la Comunidad Valenciana también ha anunciado la futura eliminación de la tasa que paga la central de Cofrentes.
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El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para estudiar la petición de las eléctricas. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a analizar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.
[–>[–>[–>Las garantías de seguridad radiológica las establecerá el Consejo de Seguridad Nuclear cuando reciba del Gobierno la solicitud presentadas por las eléctricas. El CSN dispone hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe, según el reglamento vigente. Pero previsiblemente el análisis del supervisor sobre Almaraz será rápido, dado que la última revisión periódico de seguridad (RPS) que superó la central se extiende hasta 2030, precisamente hasta cuando las plantas han solicitado ampliar la vida de la planta.
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En paralelo, La necesidad de la instalación para la seguridad de suministro es más fácil de establecer para una planta que actualmente ya está en activo y que sólo pretende prolongar su vida (el estudio del asunto por parte de Red Eléctrica es obligatorio y más complejo cuando lo que se solicita es el cierre de una instalación).
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Y la ‘línea roja’ referente a que la continuidad de Almaraz no implique trasladar costes extra a los clientes a través del recibo de luz o a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos ahora mismo no es un impedimiento previo porque las eléctricas no lo han incluido como exigencia para pedir el retraso del cierre de la central.
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¿Reforma impositiva en diferido?
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Las compañías eléctricas se agarran al pájaro en mano de la rebaja de las tasas autonómicas comprometidas, pero echan cuentas de otros movimientos que pueden acabar suponiendo una reducción sustancial de la carga fiscal de las centrales nucleares. Las energéticas cuentan con el recorte semiautomático de la tasa que pagan a la sociedad pública Enresa -encargada de gestionar los residuos radiactivos- si se amplía la vida de Almaraz y eventualmente de otras centrales.
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Las plantas abonan este gravamen en función de la electricidad que producen cada año y el cálculo de su cuantía se realiza en función del tiempo previsto de funcionamiento de las plantas. Así que si las centrales nucleares amplían su vida operativa y retrasan el cierre, el importe de la tasa bajaría de una manera casi directa. Tras la subida del 30% aprobada por el Gobierno a mediados del año pasado, la previsión del sector es que las centrales pagarán este año en torno a 600 millones de euros por la ‘tasa Enresa’.
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Las empresas también confían en una revisión en el futuro del impuesto al combustible nuclear gastado (por el que pagaron 290 millones el año pasado). Un tributo que fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gran agujero del déficit de tarifa del sistema eléctrico y que aún se mantiene, con lo que las nucleares financian de manera adicional los costes de todo el sistema. La deuda acumulada por el sistema eléctrico terminará de pagarse en 2028, y por eso las compañías dan por hecho que podría dejar de aplicarse entonces.
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Las eléctricas piden la eliminación de este impuesto o que la recaudación se destine a engordar el fondo que financiará el desmantelamiento de las centrales (que ahora cuenta con unos 9.000 millones de euros acumulados), lo que también permitiría reducir la tasa que pagan a Enresa las plantas específicamente para gestionar sus residuos nucleares y el futuro achatarramiento de los reactores.
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Las grandes eléctricas dan por hecho que todas estas vías para reducir la carga fiscal que asumen las centrales nucleares, en principio, no implicarían cargar más costes al sistema eléctrico y que no supondría trasladarlos ni a los consumidores ni a los contribuyentes. Y que, por tanto, cumplirían con la más delicada de las líneas rojas que ha marcado el Gobierno, la que exige que no haya sobrecostes para los clientes.
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