EL Audiencia Provincial de Madrid aprobó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclaman las grabaciones de llamadas de Cristina Álvarezel concejal en Moncloa de Begoña Gómezvinculado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con la empresa patrocinadora de la cátedra codirigida por la esposa del presidente del Gobierno. En cambio, frenó a los vinculados a Globalia, Air Europa o el Centro África.

Así lo indica un auto, al que tuvo acceso ‘Europa Press’, en el que los magistrados de la sección número 23 estiman parcialmente un recurso presentado por la defensa de Cristina Álvarez contra la decisión del juez de solicitar dichas grabaciones de llamadas y ordenar un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

EL defensa Insistió en que la medida acordada por el instructor carecía de motivación y que había utilizado «ilícitamente» el contenido de lo que Álvarez había declarado como testigo antes de aceptar acusarlo en este caso. Destacó que no se cumplieron las condiciones requeridas para reclamar estos documentos porque correspondían a un momento en que Álvarez era «testigo y no había sido objeto de investigación al momento de dictarse la resolución».

La Audiencia de Madrid responde que los actos solicitados por el presidente del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid deben «límite» al tema de la investigación“excluyendo las cuestiones relativas a Globalia, Air Europa y Africa Center, por razones que ya hemos expuesto en muchas otras resoluciones”.

La Audiencia Provincial Ya advirtió a Peinado que debería dejarlo fuera del asunto quien lidera las investigaciones relacionadas con el rescate de la aerolínea contra Begoña Gómez. Los magistrados mantienen la condición de Álvarez como objeto de una investigación e insisten en que el juez instructor puede acordar las medidas que considere pertinentes para la investigación conforme a las reglas de especialidad, proporcionalidad, idoneidad, excepción y necesidad.

En este punto, recuerde que el número de teléfono en el que se otorga la medida «se obtuvo en la declaración testimonial de Cristina Álvarez«, que la propia Audiencia Provincial ya ha invalidado. No obstante, precisan que al tratarse de un número oficial del Palacio de Moncloa, el juez podría haberlo obtenido por otro medio para solicitar el citado registro de llamada.

Los magistrados consideran también que «la solicitud de identificación de la propiedad de las líneas telefónicas contactadas por un dispositivo telefónico es un procedimiento de investigación que tiene pocas repercusiones en la vida privada del interesado».

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