El debate no es nuevo, pero en España sigue contaminado por un error recurrente: identificar eficiencia con adjudicar el precio más bajo. Reducir la contratación pública a una competencia de descuento no sólo degrada la calidad de los proyectos, sino que también genera efectos perversos. Presiona a la baja a las empresas serias, fomenta prácticas de dumping social, aumenta el riesgo de retrasos y sobrecostos y, en última instancia, deteriora la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.

La experiencia internacional y europea señala otro camino. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor: incorporando criterios de calidad, innovación, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Porque lo que está en juego no son ahorros temporales, sino el valor de las infraestructuras durante décadas y el impacto que tienen en la vida de los ciudadanos.

Tanto el Tribunal de Cuentas como el Parlamento Europeo Han advertido sobre los riesgos de centrar la contratación exclusivamente en el precio. Hacerlo no garantiza integridad, transparencia y mucho menos eficiencia. Por el contrario, confunde el verdadero significado del principio constitucional de eficiencia –lograr el mejor resultado posible con recursos públicos– con una obsesión de corto plazo por el ahorro inmediato.

La corrupción, cuya sombra inevitablemente se cierne sobre cualquier debate relacionado con la contratación pública, tampoco se combate con criterios exclusivamente económicos. La experiencia demuestra que la mejor vacuna contra las malas prácticas es una verdadera transparencia, rendición de cuentas y un sistema de control riguroso. Y, sobre todo, un modelo de gestión que premie la calidad, porque la opacidad suele anidar precisamente en procesos simplificados y mal diseñados.

En un país como España, con empresas de infraestructuras líderes a nivel internacional, apostar por la calidad tiene un efecto añadido: refuerza la marca país.

Por tanto, la “estrella polar” de la contratación pública debe ser el valor y no el precio. Esto requiere una transformación cultural en la forma en que gestionamos. Significa abandonar la desconfianza crónica en el sector privado y apostar por modelos de colaboración basados ​​en la transparencia y la confianza mutua.

El desafío de la transición ecológica y digital, las necesidades sociales de una población que envejece, la demanda de resiliencia ante crisis globales como la pandemia o el cambio climático, todo ello exige infraestructuras modernas, sostenibles y eficaces. Y estas infraestructuras sólo son posibles si los proyectos se adjudican pensando en el valor que aportan, no en lo poco que cuestan sobre el papel.

Con gestores públicos capacitados y valientes, con empresas comprometidas con la honestidad y la innovación, con instituciones comprometidas con la rendición de cuentas y con una sociedad civil exigente. Sólo así podremos consolidar una nueva cultura en la contratación pública que convierta nuestras infraestructuras en motores de transformación social, y no en focos de sospecha.

José María Gimeno Feliú Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Zaragoza.