El dictamen que recoge las tres iniciativas se aprobará esta tarde en el pleno del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Él PÁGINAS Pondrá así en una situación difícil al Gobierno como impulsor de una norma a la que la llegada de 10.000 millones de euros en fondos europeos. Empezando por el mapa de concesiones de autobuses, el PP quiere derribar el modelo propuesto por el Ministerio de Transporte en la ley por la cual comunidades autónomas (la mayoría ahora gobernada por el PP) tendrían que asumir las rutas dentro de la misma región que hasta ahora cubren las líneas bajo jurisdicción del Estado.

Transporte quiere que esto suceda para acortar los tiempos de viaje y abaratar el precio de los billetes de autobús, pero los populares entienden que dar este paso supondría en la práctica dejar a las poblaciones de la España rural sin transporte público. Específicamente, el PÁGINAS pide que se modifique el texto para que en la elaboración del nuevo mapa de concesiones «se preste especial atención a la cohesión social, la ordenación territorial, el desarrollo rural y urbano sostenible y el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible» y se elimine la fórmula de financiación propuesta por el departamento de Óscar Puente para las regiones que acepten asumir estos tráficos.

Otro tema candente es la recuperación del compromiso de puntualidad de Renfe, que el operador público decidió modificar en julio del año pasado debido a las incesantes incidencias en la vía. PÁJARO. Ahora bien, para que el pasajero sea indemnizado deberá sufrir un retraso de 60 minutos para recibir la mitad del billete y de 90 minutos para recuperar la totalidad del billete. La enmienda del PP, sin embargo, exige volver a partir del 1 de enero de 2026 al antiguo modelo «garantizando nuevamente una compensación por 15 y 30 minutos de retraso, del 50% y 100% del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia», señala la propuesta.

Finalmente, el PP ha aprovechado la iniciativa para solicitar la ampliación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, cuyos reactores quedarán apagados definitivamente en 2028 en el primer caso (en 2027 el primero de los reactores) y en 2030 en las otras dos centrales. Ahora, será el Congreso de los Diputados el que tendrá que decidir sobre estas tres cuestiones.