En los últimos años, los patinetes eléctricos se han convertido en una de las alternativas de movilidad urbana más populares en España. Son rápidos, cómodos, sostenibles y, sobre todo, prácticos para moverse por la ciudad sin depender del transporte público ni del coche. Su ascenso, sin embargo, ha traído consigo también un aumento de los accidentes, los conflictos de convivencia en las calles y un vacío legal que ahora el Gobierno ha decidido cerrar definitivamente.

A partir de enero de 2026, los patinetes eléctricos tendrán una nueva consideración jurídica: pasarán a ser vehículos personales ligeros (LPV), y ello implica una serie de obligaciones que hasta ahora no existían. El cambio pretende no sólo aumentar la seguridad en las carreteras, sino también igualar el uso de estos dispositivos con el del resto de vehículos a motor. Entre los nuevos requisitos se encuentran el seguro obligatorio, la inscripción en la DGT, la matrícula visible y la homologación técnica. El incumplimiento de estos puntos podrá acarrear multas de hasta 1.000 euros.

1

Un cambio de categoría: del juguete urbano al vehículo regulado

Hasta ahora, los patinetes eléctricos eran considerados vehículos de movilidad personal (VMP), categoría creada por la DGT para regular esencialmente su uso. Sin embargo, esta definición no requería elementos como registro, seguro o registro. Esto generó una situación de descontrol en la que miles de patinetes circulaban por las calles sin posibilidad de identificar a sus propietarios, sin cobertura en caso de accidente y, en algunos casos, con potencia o velocidad ilegal.

Con la nueva legislación estos vacíos legales desaparecen. A partir del 1 de enero de 2026, los modelos más potentes o más pesados ​​(capaces de superar los 25 km/h o pesar más de 25 kg) se considerarán vehículos personales ligeros (LCV). Esta nueva categoría equipara su tratamiento jurídico al del ciclomotor, lo que implica obligaciones similares: Seguro de responsabilidad civil, matrícula DGT y matrícula visible.