«Como feministas siempre analizamos la explotación del cuerpo de las mujeres. Este tema nos ha tocado profundamente», afirma Allison Iglesias Alonso, integrante de As Furias, una pequeña asociación feminista de Vigo en el que se trabaja desde hace años por la integridad de las mujeres. En 2023, el grupo decidió centrar su trabajo en investigar el sector de la gestación subrogada en España.

Tras varios meses de trabajo colectivo, As Furias detectó 44 despachos de abogados que ofrecían en sus páginas de servicios de intermediación y asesoramiento para familias interesadas tener hijos mediante gestación subrogada en el extranjero. «Encontramos despachos de abogados que explicaban cómo viajar a otros países, contratar a una madre y luego registrar al bebé en España. Algunos de estos nombres siguen funcionando, aunque hayan cambiado su presentación», denuncia Iglesias.

El informe fue entregado a Valedor do Pobo y a la policía. De ahí, el caso se llevó a las fiscalías de Barcelona y Madrid, donde se iniciaron diligencias para determinar si hubo publicidad ilegal. Aunque inicialmente se descartó la acción penal por falta de casos concretos, se abrió una investigación en el ámbito del consumo y competencia desleal.

La fiscal Paloma Pelegrín explicó ayer que se trataba de Por primera vez se pudieron cerrar páginas publicitarias de gestación subrogada en España. En Barcelona, ​​dos empresas retiraron voluntariamente sus anuncios a petición de la fiscalía.

En Madrid, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 tomó medidas cautelares y ordenó el cierre de una web y de sus perfiles en redes sociales. Posteriormente, una sentencia declaró “ilegal y desleal” su publicidad, ordenando a la empresa cesar sus operaciones y publicar la resolución en sus propios canales.

La acción forma parte del fortalecimiento legal impulsado por el gobierno en 2023, cuando se prohibió expresamente cualquier publicidad o intermediación relacionada con la gestación subrogada. Pese a ello, en 2024, 154 bebés nacidos en el extranjero fueron registrados mediante esta práctica, según cifras oficiales.

Satisfacción y sorpresa en la asociación

Desde As Furias se recibió con satisfacción y sorpresa la noticia de los cierres. “Lo supimos por la prensa, hacía un año que no sabíamos nada del proceso”, afirma Iglesias. «Para nosotras es un orgullo, no por nosotras mismas, sino porque más mujeres y hombres comprenden que esto no se puede permitir. Esto es esclavitud humana, esclavitud reproductiva».

El grupo considera que la falta de iniciativa institucional demuestra el peso de los intereses económicos que rodean a la empresa. «Es lamentable que haya sido una pequeña asociación la que ha dado la voz de alarma, y ​​no el propio gobierno, el que se opone oficialmente a esta práctica».

A pesar del progreso, La fiscalía advierte que el problema está lejos de resolverse. Hay “multitud de páginas internacionales” que siguen ofreciendo estos servicios desde sucursales en España. Es por ello que las fiscalías de Madrid y Barcelona solicitaron la colaboración del Instituto de la Mujer y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para bloquear el acceso a estos sitios, reconociendo las dificultades jurídicas por su posible colisión con el derecho a la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, el gobierno ha reforzado los procedimientos de registro de los bebés nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero. A partir de este año, sólo podrán registrarse tras la determinación biológica de filiación o adopción, para evitar que se eluda la prohibición española.

Desde su pequeño local de Vigo, As Furias continúa su labor de activismo y denuncia. «Es un monstruo con muchas cabezas», reconoce Iglesias, «pero empieza por algún lado. Es David contra Goliat, y estamos preparados para continuar».

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