La reforma del sistema de pensiones español podría encontrar su inspiración en un modelo que ya funciona con éxito en Suecia. La propuesta, defendida por el economista Javier Díaz Giménez de que «en España se debería utilizar el modelo de pensiones sueco», no busca un derribo del esquema actual, sino una transición ordenada hacia un sistema mixto y mucho más sólido. Se trataría de combinar el tradicional pilar distributivo con uno nuevo de capitalización individual, más acorde a la nueva realidad demográfica y económica del país.

En concreto, este modelo de referencia asignaría el 16% de la base salarial de cada trabajador a un sistema público de cuentas nocionales. Estas cuentas funcionan, en la práctica, como un entorno virtual e individualizado donde cada euro aportado genera derechos de pensión en el futuro. A esta hucha pública se sumaría un 2,5% adicional del salario, que iría directamente a cuentas financieras personales gestionadas por entidades privadas de elección del ciudadano.

Además, la propuesta identifica una palanca financiera ya existente para lanzar esta transformación: los fondos que se recaudan a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En lugar de asignar este dinero al fondo común, se sugiere que se utilice como el capital inicial para empezar este nuevo pilar de capitalización, sentando así las bases de un sistema que no dependa exclusivamente de la solidaridad de las generaciones futuras.

La insostenibilidad de un modelo con fecha de caducidad

Y este giro radical responde a un diagnóstico demoledor. El sistema de pensiones español, tal como lo conocemos, se enfrenta a una tormenta perfecta que amenaza con hacerlo inviable. El economista Díaz Giménez alerta de un agujero fiscal que podría alcanzar los 80.000 millones de euros este año, impulsado por dos frentes absolutamente inevitables: un envejecimiento rampante de la población y una base de contribuyentes cada vez más reducida.

Por otro lado, a este desafío demográfico se suma una carga cultural notoria en nuestro país que complica aún más el panorama. Existe una enorme dependencia del mercado inmobiliario como principal activo de ahorro de los españoles, una riqueza que, cuando llega la jubilación, presenta serios problemas de liquidez para complementar las pensiones públicas que se espera que sean insuficientes. Después de todo, un activo ilíquido no es suficiente para pagar las facturas del día a día.

En resumen, la ecuación se ha vuelto casi imposible de resolver. Una base de trabajadores cada vez menor debe respaldar los beneficios de un grupo cada vez mayor de jubilados con una esperanza de vida más larga. La consecuencia directa es Un pacto intergeneracional rotouna realidad obstinada que exige repensar las bases sobre las que se ha construido durante décadas el bienestar de nuestras personas mayores.