El fiscal general de la Unión Europea, Dean Spielmann, defendió este jueves que La ley de amnistía es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo del que se ha acusado a los miembros de los CDR, aunque cuestiona que se dé a los jueces un plazo de dos meses para aplicarlo.

En las conclusiones publicadas este jueves, ha defendido que los gastos del proceso independentista catalán de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que abriría el camino a la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont. Asimismo, sostiene que la amnistía por delitos terroristas investigados en la Audiencia Nacional tampoco contraviene la directiva relativa a la lucha contra los delitos terroristas.

El fiscal general afirma que la ley «parece haber sido aprobada en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistíay no «incluye violaciones graves de los derechos humanos». El abogado asegura que «nada permite que la ley de amnistía sea calificada de autoamnistía» y sostiene que es «fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado dentro de un sistema democrático pluralista», no impuesto por un poder autoritario, y que «su aplicación no escapa al control judicial».

«La ley de amnistía no cubre indiscriminadamente a todos los agentes del Estado o detentores del poder, sino que se aplica a un conjunto específico de actos, limitados en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración del estatus público o privado de las personas afectadas. En una palabra, opera impersonalmente«dice Spielmann. Para el abogado, la amnistía no busca «proteger a un régimen político o a sus representantes contra posibles acciones judiciales», sino «responder a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización y reconciliación institucional».

Sí advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha señalado que se trata de un plazo «estrictamente orientativo») y considera que no es conforme al derecho europeo obligar a los tribunales nacionales a dictar resolución absolutoria y levantar medidas cautelares en un plazo máximo de dos meses, incluso cuando han consultado al TJUE y este aún no se ha pronunciado.

Por ello, aprecia que «algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía relativas a la exención de responsabilidad contable podrían resultar incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva», según las conclusiones que publica hoy.

El dictamen del abogado general no es vinculante y sólo sirve para orientar la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que se espera que se dicte dentro de unos meses, aunque los jueces suelen coincidir con la valoración de los abogados.

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