Chile se prepara para unas elecciones presidenciales decisivas el 16 de noviembre en medio de una profunda crisis de confianza institucional, inseguridad y desencanto con la clase política, que viene creciendo desde hace algunos años. El regreso del voto obligatorio, donde se espera que voten casi 16 millones de chilenos, y la fragmentación de las opciones políticas configuran un escenario complejo, en el que la demanda social de orden y estabilidad se ha impuesto transversalmente como eje de la campaña.

El elecciones presidenciales chilenas Este domingo se realizarán bajo el signo del malestar social y el estancamiento económico, factores que han permeado el debate público desde el estallido social de 2019 y los fallidos intentos de reforma constitucional. La votación aún se realiza bajo la Constitución de 1980, luego de dos procesos constituyentes frustrados que se profundizaron desconfianza hacia las élites y las instituciones. En las primarias de junio, en las que resultó elegido el representante de la izquierda, sólo el 9% de los electores habilitados a nivel nacional ejercieron su derecha, un síntoma de una apatía creciente y una ciudadanía cada vez más alejada de la política tradicional.​

Este clima de escepticismo se manifiesta en la persistente desaprobación al Gobierno de Gabriel Boric, que según la última encuesta Cadem roza el 63%, mientras que la aprobación apenas llega al 33%. La economía, por su parte, muestra signos de estancamiento, con El 63% de los chilenos son muy pesimistas sobre las expectativas laborales, lo que se suma a los problemas de empleo y consumo. El debate sobre seguridad ha desplazado las reformas estructurales y emergen como preocupaciones dominantes: la violencia urbana, el narcotráfico y la migración irregular, que han impulsado un giro discursivo, donde las promesas de orden y autoridad son permanentes entre los candidatos.

El escenario electoral está muy polarizado. Jeannette Jara, miembro del Partido Comunista (PC), representante de la izquierda gobernante y ex ministra de Trabajo, ganó las primarias progresistas con más del 60% de los votos. Su propuesta combina pragmatismo económico, énfasis en la protección social y un enfoque de seguridad integral, en sintonía con las demandas ciudadanas de certezas sociales.

Por su parte, la derecha tradicional presenta a Evelyn Matthei, vinculada al Partido Demócrata Independiente (UDI), apoyada por los principales partidos de la oposición, comprometida con fortalecer el orden y mantener la estabilidad económica.

Sin embargo, todas las encuestas coinciden en que El liderazgo de la oposición recae en José Antonio Kast, líder del Partido Republicano (PR). Kast ha capitalizado el descontento ciudadano con una campaña centrada en adoptar una línea dura contra el crimen, controlar la inmigración ilegal y combatir el narcotráfico. Un discurso de autoridad y nacionalismo que encuentra eco en amplios sectores vulnerables y rurales, preocupados por la inseguridad y el deterioro de la calidad de vida. El ascenso de figuras más radicales, como Johannes Kaiser, del ultraderechista Partido Nacional Libertario, y el populismo persistente de Franco Parisi, del Partido Para el Pueblo, muestran la fragmentación de la escena política y la dificultad para articular una alternativa de consenso.

El regreso del voto obligatorio añade un matiz particular a la jornada. Según análisis del diario chileno El Mercurio, esta medida podría ampliar el espectro de participación y devolver protagonismo a sectores antes marginados, aunque sin revertir la apatía o el escepticismo hacia la política. Paralelamente, la elección se produce después una década de redefiniciones políticas, donde los viejos consensos de la transición han dado paso a demandas de eficiencia estatal, seguridad y estabilidad económica. El discurso ideológico ha sido desplazado por promesas pragmáticas y llamamientos al control social.

Las campañas han puesto de relieve el aumento de discursos xenófobos y nacionalistas, especialmente en las regiones fronterizas, así como la creciente preocupación por el tráfico de drogas y la migración irregular. Esta dinámica ha contribuido a polarizar el debate, dificultando los acuerdos y alimentando el escepticismo ante las promesas de cambio.

En este sentido, el futuro de la democracia chilena, como señalan expertos del Centro de Estudios Públicos (CEP) y de la Universidad chilena Diego Portales, se juega entre la búsqueda de dignidad y la necesidad de control, con la estabilidad amenazada por el miedo y la frustración social.

Las últimas investigaciones del Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Universidad Diego Portales (UDP) coinciden en alertar sobre el debilitamiento de la legitimidad democrática en Chile: según el CEP, sólo el 44% de los ciudadanos sigue considerando la democracia como la mejor forma de gobierno, mientras que el 34% muestra indiferencia hacia el régimen político predominante. La encuesta de la UDP refuerza este diagnóstico, revelando una creciente distancia entre los ciudadanos y las elites políticas, con percepciones generalizadas de corrupción y representación simbólica, y malestar social originado por la incapacidad institucional para responder a las demandas de seguridad y dignidad.