La trama de explotación sexual de Alzira (Valencia): obligadas a prostituirse 24 horas y a pagar 100 euros a la semana por habitación
Aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de sus víctimas, una pareja contrataba a mujeres en situación de prostitución que se anunciaban en una web de contactos con falsas promesas económicas. Una vez captadas, las obligaban a firmar un contrato de alquiler simulado para instalarse por 100 euros semanales en un piso de Alzira, donde ejercían, teniendo que ceder el 50 por ciento de los ingresos de cada servicio. Bajo el estricto control de cuatro mujeres que ejercían de encargadas, y siguiendo al dedillo las normas que dictaba «la jefa», imponían a las trabajadoras sexuales los servicios y prácticas que debían realizar, teniendo que estar disponibles durante las 24 horas del día.
[–>[–>[–>En caso de no acatar las órdenes que les dictaban las encargadas, o de hacer algo que no les gustara, se exponían a sanciones económicas de hasta 20 euros. Las multas las ponían por motivos tan banales como no presentarse rápidamente ante los clientes, no ponerse tacones o tardar en vestirse, o incluso por no limpiar las habitaciones o manchar toallas. Además, si los puteros lo requerían, estaban obligadas a consumir la droga que también comercializaban en el piso, y que los miembros de este entramado criminal adquirían a dos colaboradores. Según calcula la Fiscalía, entre 2020 y mayo de 2021 los líderes de esta red blanquearon más de 97.000 euros que obtuvieron de esta manera y que blanquearon simulando ser las ganancias de una peluquería inexistente.
[–> [–>[–>Ocho mujeres liberadas
[–>[–>[–>
Este lunes ha arrancado el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra las ocho personas que fueron detenidas en abril de 2023, tras el operativo que la Policía Nacional en el que ocho mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por esta red fueron liberadas, después de que una de las víctimas denunciara los hechos y otra vecina alertara que se estaba ejerciendo la prostitución en el piso. Según el escrito de acusación, los principales responsables eran M. M. y su pareja, A. V., quienes habrían dirigido un negocio basado en la prostitución y la venta de estupefacientes, obteniendo importantes beneficios económicos posteriormente blanqueados mediante una actividad de peluquería inexistente. De ahí que el Ministerio Fiscal solicite provisionalmente para ellos penas que suman doce años de cárcel como presuntos autores de los delitos de prostitución, tráfico de drogas, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales que la Fiscalía les imputa.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>[–>
La acusación pública detalla que el piso, alquilado a nombre del principal acusado y que, según alegó, usaba para «acoger a familiares de su pareja», albergaba simultáneamente a entre cuatro y cinco mujeres, en su mayoría extranjeras y en situación económica vulnerable que se dedicaban voluntariamente a la prostitución, a las que obligaba a convivir hacinadas en una habitación. La principal acusada, que se hacía llamar «Lucía», seleccionaba previamente a las trabajadoras, a las que pedía que le enviaran fotos en ropa interior, y una vez concertaban una entrevista, que se desnudaran para hacerles un reconocimiento exhaustivo de su cuerpo. Además, les hacía una especie de entrevista de trabajo, les informaba de los precios que iban a cobrar por cada servicio de prostitución, fijando ella las tarifas, exigiéndoles el abono de la mitad de los beneficios obtenidos con cada servicio sexual realizado.
[–>[–>[–>Control total
[–>[–>[–>
Las víctimas debían permanecer disponibles durante las 24 horas del día, con la posibilidad de salir únicamente una hora para asuntos personales. Una vez contratadas, «dictaba las normas y tomaba las decisiones más relevantes en orden a organización, horarios, servicios, salidas y todo lo que pudiera suministrarse a los clientes». Además, supervisaba los encuentros sexuales en directo a través de las distintas cámaras de videovigilancia que tenía instaladas en el piso.
[–>[–>[–>
Por su parte, la gestión diaria del piso recaía en cuatro encargadas: D.S.P., L.E.C.H., M.M.C., y P.E.G.A., quienes también están acusadas por su colaboración necesaria en la comisión de estos delitos, y se enfrentan a penas que suman los ocho años y ocho meses de cárcel. Además de controlar los turnos y registrar toda la actividad en cuadernos, para que la jefa pagara a las trabajadoras, ellas imponían sanciones de entre 5 y 20 euros por motivos tan absurdos como, por ejemplo, “tardar en vestirse, no ir con tacones o manchar las toallas”. Los servicios los cobraban en efectivo, por datáfono, Bizum o transferencia, aunque si los puteros optaban por pagar con tarjeta se les aplicaba un recargo del 6 por ciento.
[–>[–>
[–>Además, bajo las órdenes de la lideresa, las mujeres también suministraban cocaína, ya que, en ocasiones, el servicio sexual se acompañaba del consumo conjunto de la droga mientras. En otras, la venta era la única prestación. La Fiscalía señala incluso que la líder de la trama «llegaba a obligar a las chicas a participar en la llamada fiesta blanca» con supuestos clientes VIP. La droga era adquirida a Á.D.L.C.V. y R.M.D, los otros dos encausados, quienes mantenían una red paralela de distribución y ahora se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel. Según pudo constatar la policía durante las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación, los implicados utilizaban en sus comunicaciones términos como «vitamina», «agua», «rulito» o «medicina para el gato» para referirse a la droga.
[–>[–>[–>
Estaban coordinados
[–>[–>[–>
Los ingresos obtenidos de la prostitución y la cocaína eran ingresados en cuentas de M.M. y A.V., y posteriormente declarados como pagos por servicios de peluquería. Sin embargo, la acusación sostiene que dicha actividad era totalmente inexistente ya que la investigación llevada a cabo por la policía concluyó que no había ni clientela, ni herramientas de trabajo en el local donde supuestamente estaba establecido el negocio. Ni siquiera hallaron rastro digital del presunto establecimiento. Sí que hallaron, sin embargo, más de 97.000 euros ingresados en efectivo, transferencias y pagos con TPV en tres cuentas bancarias a nombre de los líderes del entramado.
[–>[–>[–>En una de las cuentas de la principal acusada se detectaron 241 ingresos por un total de 71.991 euros y en una segunda cuenta en otra sucursal se detectaron nueve ingresos por 3.570 euros. Por su parte, los investigadores detectaron 76 ingresos en una cuenta a titularidad de su pareja por un importe total que supera los 22.000 euros. Durante la primera sesión del juicio, celebrada este lunes, los investigadores han destacado que las comunicaciones telefónicas y las vigilancias acreditan la «coordinación habitual» entre todos los implicados. La vista se retomará el próximo 3 de diciembre y se prolongará hasta el día 5. Será en esas jornadas cuando comenzaran a declarar las ocho personas encausadas, quienes se han acogido a su derecho a hacerlo al final del juicio.
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí