Una financiación sin desigualdades asignaría a Asturias 600 millones más
Más dinero para todas las comunidades autónomas que acabe por «maquillar» las exigencias financieras de Cataluña y elevar la financiación de los territorios que se consideran infrafinanciados: esa parece ser la fórmula que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende aplicar para la reforma del sistema de financiación autonómica cuyo borrador, anunció, se conocerá a principios de año.
[–>[–>[–>El Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a abrir el melón de las cuentas de las autonomías, pendiente de reforma desde 2009. Montero ha dado pocas pistas sobre cómo será ese modelo, aunque ha despejado algunos temores: no habrá «cupo» para Cataluña y la propuesta será para todas las comunidades del régimen común. Habrá «criterios objetivos», ha asegurado la ministra. La fórmula de los «criterios objetivos» del Ministerio ya es conocida: fue la misma que se aplicó en la quita de deuda para conseguir que el resultado final fuese el deseado, con más dinero por habitante para Andalucía y Cataluña.
[–> [–>[–>¿Qué puede esperar Asturias de esa reforma del sistema de financiación? En el Gobierno regional son conscientes de que no es una batalla menor. Al contrario, Asturias se juega una financiación suficiente para prestar sus servicios y defenderá las «singularidades» territoriales que elevan su coste, como la elevada tasa de envejecimiento, la dispersión o las condiciones orográficas. Pero parece claro que, aunque el Gobierno plantea un «café para todos», es en Cataluña donde focaliza la necesidad de que la bebida resulte satisfactoria. No en vano, el Gobierno del socialista Salvador Illa cree que el anuncio de la ministra puede desbloquear la negociación de sus presupuestos autonómicos, precisamente condicionados a un compromiso del Estado por una financiación «singular» para Cataluña.
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Más dinero para todos es, coinciden los territorios, un buen punto de partida. Pero será en los detalles cuando empiecen las tensiones. Hay dos asuntos que el Ministerio debe resolver si pretende abordar este problema con garantías de éxito, más allá de las tensiones causadas por la polarización política: primero, satisfacer a Cataluña; segundo, reformular la cantidad que recibe cada comunidad en función de la población ajustada y reducir las grandes diferencias que existen al respecto. Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son, en términos de financiación por habitante ajustado, las peor tratadas, con una diferencia de casi 1.000 euros respecto a la más beneficiada: Cantabria. Asturias se encuentra en la mitad de la tabla, con casi 3.515 euros por habitante. Para 2026, las entregas a cuenta para Asturias ascienden a 4.192 millones de euros.
[–>[–>[–>El coste de igualar para todos los territorios la financiación que reciben en términos de población ajustada ascendería a 31.000 millones de euros, según un cálculo realizado en su día por el asturiano Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). Se trataría de otorgar a todos los territorios la misma financiación por habitante que tiene la comunidad mejor financiada. Precisamente, el concepto de «población ajustada» ya tiene en cuenta las singularidades de cada territorio para prestar sus servicios. En ese caso, Andalucía sería la que más incrementaría su financiación, con 7.300 millones de euros, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. A Asturias le corresponderían 603 millones de euros más.
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Aunque el Gobierno central no ha señalado qué cuantía pretende inyectar al sistema, algunas fuentes conocedoras de las conversaciones con la Generalitat apuntan a una cifra cercana a los 23.000 millones, que otorgarían a Cataluña una cuantía próxima a los 4.500 millones. Haciendo la cuenta a la inversa —es decir, considerando que a todas las comunidades se inyectase la misma cantidad por habitante ajustado que a Cataluña—, la cifra total debería superar los 26.000 millones para ser equitativa, y a Asturias le corresponderían algo más de 600 millones de euros, una cifra comparable a la estimada por Fedea.
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[–>¿Cómo piensa obtener ese dinero la Administración central? Presumiblemente incrementando la cesión de tributos a las comunidades, pero también aportando recursos para hacer el ajuste fino; en todo caso, adelgazando los recursos de la Administración central.
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El corsé que establecen la regla de gasto y el techo de déficit deja poco margen para que el Estado incremente su deuda, así que esa rebaja de recursos (teniendo en cuenta la inyección que exigirán los gastos en Defensa o la sostenibilidad de las pensiones) solo podría llevarse a cabo con una subida tributaria o aplicando la tijera a los gastos de la Administración central. Más café para todos, pero ¿de dónde sale? Esa será la principal incógnita ante el nuevo modelo de financiación que el Gobierno central parece decidido a abordar.
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