ALMERÍA 19 nov. (EUROPA PRESS)-

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado una nueva investigación en el marco de la segunda fase del caso ‘Máscaras’ que intenta esclarecer presuntos contratos irregulares a través de la Diputación Provincial de Almería por los que se habría obtenido el cobro de comisiones.

Con ello, ya son ocho las personas presuntamente implicadas en la trama -cinco detenidas y tres investigadas-, entre las que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, que han pasado la noche en comisarías, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los detenidos, a los que se suma también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que investiga el caso principal en el que Giménez y Sánchez ya estaban bajo investigación judicial.

También fueron detenidos el hijo del alcalde de Fines -detenido en junio de 2021 durante la primera fase del operativo- y un técnico de Obras Públicas del organismo supramunicipal. Por otro lado, se ha investigado a dos empresarios y a un tercer implicado. Los tres son gratuitos.

El órgano instructor investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque se atribuyen a cada uno responsabilidades diferentes en función del papel que se les atribuye en la trama.

La jornada de registro realizada este martes duró más de diez horas y finalizó tras el reconocimiento de las oficinas de la Diputación de Almería en compañía del presidente y el vicepresidente, quienes junto al concejal de Multas han sido suspendidos provisionalmente de militancia por el PP. También se registraron domicilios y sedes de empresas, especialmente en el Valle del Almanzora.

La investigación llevada a cabo arroja indicios de que los investigados «han colaborado o, al menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que podrían haber sido perceptores, entre otros».

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones llevadas a cabo en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue detenido por la compra presuntamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de emergencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.

Los indicios de posibles ‘mordidas’ a través de ese contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a ampliar sus investigaciones para determinar si también se podrían cobrar comisiones a través de otros contratos de obras y servicios públicos, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Multas.