MÁLAGA 19 nov. (EUROPA PRESS)-

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Málaga, han detenido al responsable de un supermercado mayorista de la localidad malagueña de Torremolinos por presunta explotación laboral de inmigrantes en situación irregular en el país.

El detenido aprovechó la situación de vulnerabilidad de las víctimas para someterlas a horarios abusivos, a cambio de un salario que no llegaba ni al salario mínimo interprofesional, indicó la Policía Nacional en un comunicado.

Así, sin contrato y sujetos a multas por faltar al trabajo, aunque estuvieran enfermos, los afectados también vivían en condiciones indignas en las oficinas de la nave industrial en la que eran explotados.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Comisaría Nacional de Policía en Torremolinos, se inició el pasado mes de octubre a partir de información que señalaba cómo en un establecimiento dedicado a la venta de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, así como al reparto a domicilio, se explotaría laboralmente a migrantes sudamericanos en situación irregular.

Las diligencias de investigación dieron lugar al establecimiento en cuestión, que ya había sido objeto de inspección en 2023 por los mismos motivos y con resultados positivos. En ese momento fueron localizados cuatro trabajadores sin permiso de trabajo y en situación irregular.

Actualmente, con este nuevo operativo, los agentes identificaron una plantilla de 12 empleados, de los cuales la mitad se encontraban en situación irregular en el país. Supuestamente el empresario del establecimiento, de 63 años, aprovechó su situación de vulnerabilidad para explotarlos en el trabajo.

70 HORAS DE TRABAJO A LA SEMANA

Entre las conclusiones a las que llegaron los investigadores destaca que las víctimas fueron sometidas a jornadas laborales abusivas, llegando en algunos casos a 70 horas semanales, muy lejos de las 40 horas máximas permitidas en España.

Asimismo, continuando con las investigaciones, el concepto de horas extras no existía para estos trabajadores, quienes tampoco gozaban de vacaciones y feriados regulares.

En cuanto al salario que percibían, los empleados irregulares apenas ganaban unos 900 euros mensuales, una retribución que no alcanzaba el salario mínimo interprofesional, y de la que el empresario restaba 250 euros mensuales para el alquiler de una oficina, en la nave industrial en la que trabajaban, donde «vivían» varios de los afectados.

Con colchones en el suelo y sábanas que servían de separador de ambientes, las víctimas compartían un «hogar» improvisado sin las mínimas condiciones de salud e intimidad. La jornada laboral tampoco fue mejor, ya que las víctimas realizaban sus tareas sin contar con el equipo de seguridad óptimo.

Así, se constató que algunos utilizaban a diario una máquina elevadora sin estar entrenados para ello y sin contar con elementos básicos de seguridad como botas y casco.

Además, controlado por cámaras de videovigilancia, el empresario castigaba a las víctimas con multas, que podían rondar los 50 euros, por ir al baño con más frecuencia de la que consideraba adecuada o por demorarse unos minutos al inicio de la jornada laboral.

Finalmente, una vez recabada toda la información al respecto, agentes de la UCRIF de Torremolinos-Benalmádena detuvieron al investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores. De los hechos tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos.