El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de sanción y 7.200 euros de multa por un delito de divulgación vinculado a la filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El juicio tuvo lugar en las últimas semanas. García Ortiz tendrá que dejar la jefatura de la Fiscalía General del Estado donde llegó en julio de 2022. Fueron seis días en total donde El fiscal general negó categóricamente haber filtrado el correo electrónico mencionado.

Las acusaciones apuntan a que la información contenida en la confesión se utilizó para elaborar la nota de prensa mediante la cual la fiscalía aclaraba que fue la pareja de Díaz Ayuso quien propuso un trato al fiscal y no al revés, tal y como publicó en varios medios y transmitió el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

El Gobierno se ha pronunciado sobre la sentencia: respeta la decisión, pero no lo compartas. Mientras la oposición exige la dimisión del presidente Pedro Sánchez por haber defendido la inocencia de García Ortiz, éste aún puede presentar un «incidente de nulidad», un procedimiento excepcional que permite impugnar decisiones judiciales por vulneración de los derechos fundamentales de los condenados. Si es admitido, podría apelar la decisión Del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional.

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