La Secretaría de la Función Pública elevó su oferta de aumentos salariales para los empleados funcionariosproponer un aumento acumulativo de 11% para el periodo 2025-2028. Esta nueva propuesta llega después de que los sindicatos rechazaran una primera oferta del 10%, y pretende alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad salarial de los más de tres millones de trabajadores públicos.

Según la Secretaría de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjola oferta incluye una parte fija y otra variable, aunque aún no se ha definido cómo se distribuirán estos tramos a lo largo de los cuatro años. Además, el Ministerio puso como condición que los aumentos no superen el 4% acumulado entre 2025 y 2026un punto que ha sido motivo de tensión con los sindicatos.

Los sindicatos han reaccionado de manera desigual. Por un lado, UGT y CCOO han valorado positivamente la oferta, señalando que podría ser un paso para recuperar poder adquisitivo. Por otro lado, CSIF ha calificado la propuesta de insuficiente y ha advertido de que podría volver a movilizarse si no mejora.

Costo fiscal y presión sobre el gasto público

El aumento del 11% representa un importante esfuerzo adicional para el Estado: según algunas fuentes, implicaría 2.000 millones de euros más destinado a nóminas. Esta cifra se suma al ya elevado gasto público en salarios del sector público: en 2024, la masa salarial de los empleados públicos alcanzó 172.350 millones de eurosun registro histórico.

Además de la subida salarial, las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos incluyen otros puntos clave para los funcionarios: la eliminación progresiva de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, el acceso a los puestos y la implantación de la jornada laboral. 35 horasentre otras cuestiones estructurales.

Un acuerdo difícil, pero con un plazo

El Ejecutivo se ha fijado un plazo para cerrar el acuerdo el lunes próximosegún fuentes sindicales. Durante la reunión celebrada este jueves, el Gobierno dejó claro que no contempla un «plan B» más allá de esta oferta del 11%, lo que añade presión a los sindicatos para llegar a un acuerdo.

Para CCOO y UGT, la subida propuesta permitiría una importante recuperación del poder adquisitivo, aunque exigen que los años siguientes, como 2027, incluyan incrementos fijos más elevados. En particular, UGT ha insistido en que un aumento fijo del 5% en 2027 Sería clave consolidar estas mejoras.

CSIF, el sindicato más crítico, alertan que el límite del 4% Durante los dos primeros años, pone en riesgo la compensación total de la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, especialmente después de la crisis de 2010. Por tanto, no descartan nuevas movilizaciones si las condiciones no cambian.

Estado actual de las negociaciones

La negociación de este nuevo marco salarial se basa en la finalización del anterior acuerdo plurianual, que cubría el periodo 2022-2024. En ese pacto, el funcionarios Ya han obtenido incrementos salariales en torno al 10%, con una combinación de retribución fija y variable.

Además, los empleados públicos ya habían recibido un aumento adicional en el 0,5% retroactivamente desde el 1 de enero de 2024que se sumó al 2% ya aplicado ese año, llevando el incremento salarial total en 2024 al 2,5%. Sin embargo, los sindicatos recuerdan que aún quedan pendientes otros compromisos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la reforma de la clasificación profesional y la jubilación parcial.

Consecuencias para los servicios públicos

Para el Gobierno, cerrar este acuerdo con el funcionarios Es clave no sólo garantizar la paz social en el sector público, sino también fortalecer los servicios públicos. Según el Ministerio, salarios dignos y mejores condiciones laborales podrían traducirse en mejores beneficios para los ciudadanos y una Administración más eficaz.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que un pacto robusto es imprescindible para evitar que se siga perdiendo poder adquisitivo de los funcionarios, consolidar la plantilla pública y garantizar que los empleados públicos puedan seguir desempeñando sus funciones con estabilidad y motivación.

Riesgos para las cuentas públicas

El aumento salarial y el coste añadido asociado plantean desafíos para las finanzas del Estado. En un contexto en el que el gasto público ya se ve presionado por otros compromisos presupuestarios, una negociación demasiado generosa podría tensar aún más las cuentas. Además, existe el riesgo de que otras administraciones –comunidades autónomas y ayuntamientos– exijan incrementos similares para sus propios empleados públicos, lo que podría multiplicar el impacto.

Sin embargo, para el Gobierno Esta apuesta podría ser políticamente rentableya que un acuerdo satisfactorio con los sindicatos minimizaría el riesgo de huelgas, movilizaciones y conflictos sociales, especialmente en un sector tan sensible como el de los servicios públicos.