El Gobierno y los sindicatos han llegado finalmente a un acuerdo sobre la subida salarial de los 3,5 millones de funcionarios para el periodo 2025-2028. Tras días de intensas negociaciones, este miércoles CSIF y UGT -CC OO se pronunciará en las próximas horas- han acordado con el Ejecutivo que Los salarios de los empleados públicos aumentarán un 11% en el periodo con un tope del 4% en los dos primeros años, pese al rechazo inicial de los sindicatos.

En 2025 el incremento será del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026el aumento será del 1,5%, a lo que se le sumará un 0,5%adicional en caso de que el IPC es igual o superior al 1,5%, extra que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. En ese año los salarios aumentarán un 4,5%, mientras que en 2028 el incremento será del 2%. El efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, permitirá alcanzar un incremento de hasta el 11,4%.

En cuanto a la caminata de 2025que pone fin a la congelación salarial, empleados públicos lo recogerán a partir de diciembre para compensar los retrasos acumulados. Es muy probable que en la Administración General del Estado el pago llegue antes de final de año, pero en comunidades autónomas y ayuntamientos podría retrasarse hasta 2026. El acuerdo se firmará este jueves con el ministro de Función Pública, Óscar López.

CSIF destaca que el acuerdo permitirá recuperar el 2,9% del poder adquisitivo. «Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN (gasto en defensa)», defendió el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

«Los empleados públicos, tras meses de protestas lideradas por CSIF, merecen empezar a recuperar poder adquisitivo y mejorar sus condiciones laborales, porque de lo contrario el Gobierno manifestó su intención de retirar la propuesta, prolongando la situación precaria de todos los trabajadores», añadió en un comunicado.

«Este es un gran acuerdo. Un acuerdo en el que no sólo ganan los empleados públicos, sino en el que gana la calidad del público, de los ciudadanos, gana el país en general. […] Una subida salarial que garantiza el poder adquisitivo porque se recupera en torno al 2,9%. A partir de ahí, se llegará a un acuerdo en el que finaliza la tasa de reposición efectiva y en el que las ofertas públicas de empleo se realizarán en un año. […] Tenemos que felicitarnos por el acuerdo porque todos los empleados públicos de nuestro país están representados. Este acuerdo da certeza, da seguridad, no sólo a los empleados públicos, sino a las administraciones y a las personas a las que servimos cada día”, defendió Isabel Araque, secretaria general de Servicios Públicos de UGT.

Inicialmente, el Ejecutivo propuso un aumento del 10% para todo el períodopero UGT, CC OO y CSIF lo rechazaron por considerarlo insuficiente. Tras ese primer rechazo, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública elevó la propuesta al 11% en cuatro años, sin renunciar al límite del 4% para 2025 y 2026, que reservaría la mayor parte del incremento para la segunda mitad del ciclo. Y en la reunión del lunes ofreció que el aumento sea fijo, sin variables, punto que ha sufrido cambios.

En este sentido, además de las retribuciones, el acuerdo entre la Función Pública, UGT y CSIF incluye importantes mejoras laborales. Entre ellos destaca el desbloqueo de la jornada de 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. A ello se suma la eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar la plantilla y reducir la temporalidad en los servicios más necesarios. El Gobierno se compromete también a acortar a un año los plazos de los procesos de selección, garantizar la promoción interna y la movilidad, y actualizar la clasificación de los puestos de trabajo para adaptarla a las funciones reales de los empleados, teniendo en cuenta su experiencia y formación.

En 2026 se revisarán y aumentarán los complementos de residencia e insularidad y las compensaciones por razones de servicio, eliminando las desigualdades territoriales. Se reforzará el personal de atención al cliente con ajustes salariales, se actualizarán permisos y medidas de conciliación, y se impulsarán políticas de igualdad, prevención del acoso y lucha contra la violencia de género. También se mejorará la salud laboral mediante apoyo psicológico y protección frente a agresiones, se revisarán las retribuciones del Personal Laboral Extranjero y se estudiarán mejoras en la jubilación.

El Gobierno también apuesta por la mejora de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), como respuesta a las demandas históricas de los empleados públicos. Para garantizar la ejecución del acuerdo se constituirá una Comisión de Seguimiento en el plazo máximo de 15 días desde la firma.quien supervisará el cumplimiento de todas las medidas. CSIF ha destacado que el pacto “no es un cheque en blanco” y que hará un seguimiento puntual de su aplicación.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba incrementos salariales con parte fija y variable. Este pacto permitió aumentar los sueldos de los funcionarios en este período en torno a un 10% (cuando se firmó, en otoño de 2022, la inflación era entonces del 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.