España, país a la vanguardia del disparate institucional, estrena un nuevo género político: el golpe de Estado judicial. El Gobierno ha descubierto que los jueces, además de redactar sentencias, derrocan gabinetes. Con un par de autos bien grapados, los magistrados conservadores del Supremo pueden tumbar las murallas de Jericó. A este paso, el Ministerio de Interior ordenará registrar a cada magistrado por si esconde bajo la toga un arma de destrucción masiva.