El compromiso del Gobierno con los sindicatos de fundamentar la pendiente de aumento salarial este año, que será del 2,5%Con carácter retroactivo y con efectos a partir del 1 de enero, implica que en pleno cierre presupuestario las administraciones regionales tendrán que rescatar alrededor de 2.300 millones de euros que no estaban previstos para cubrir este gasto, mientras que para las entidades locales la factura rondará los 700 millones de euros.

Él El coste para el Estado se estima en unos 543 millones de euros.en base a los créditos presupuestarios totales para gastos de personal previstos para este año, aunque las administraciones territoriales entienden que la situación no es comparable ya que ha sido el Gobierno central el que ha negociado los términos del acuerdo sin tener autonomías ni ayuntamientos.

yo invito, tu pagas

«Es un nuevo ejemplo del ‘yo invito, tú pagas’ de Pedro Sánchez. El gobierno ha vuelto a negociar a espaldas de las autonomías una subida salarial que pagamos», ha lamentado este jueves el consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, al tiempo que ha reclamado que dadas las circunstancias y la altura del año en el que nos encontramos, el Ejecutivo que ha firmado el acuerdo transfiera a las administraciones territoriales los recursos necesarios para hacer frente a este proyecto de ley.

Murcia y Andalucía avanzan, no obstante, que harán todo lo posible para pagar a sus empleados públicos el incremento correspondiente a 2025 antes de que finalice el año. Fuentes de otras comunidades autónomas consultadas les resulta muy difícil hacerlo e incluso cuestionan si el Estado tiene la capacidad operativa para poder ejecutar ese pago antes de fin de año.

«La nómina de diciembre suele cerrarse entre esta semana y la próxima, y ​​el acuerdo todavía tiene que pasar por el Consejo de Ministros, y luego por cada consejo de gobierno regional. Es casi imposible pagar en diciembre.», dicen desde un gobierno autonómico. Lo mismo informan fuentes municipales, que vaticinan que la gran mayoría de los ayuntamientos no tendrán el tiempo material para poder formalizar este aumento antes de final de año, ya sea por motivos operativos o por falta de disponibilidad de tesorería. Algunas de las administraciones consultadas admiten que asumir este sobrecoste «destroza» su planificación de fin de año.

Los precedentes de los aumentos complementarios regulados en el último acuerdo salarial, en función del cumplimiento de objetivos de crecimiento o inflación, demostrar las dificultades de la administración trasladar estos cambios a las nóminas de los empleados públicos.

La intención del Gobierno es plasmar el acuerdo en legislación lo antes posible para poder pagar este extra a los funcionarios durante diciembre. SU deseo es llevar el acuerdo al Consejo de Ministros el próximo martes y proponer un real decreto en los próximos días, probablemente también con el aumento de las pensiones, para obtener el aval del Parlamento y poder ejecutar el acuerdo antes de 2026.

¿Qué pasa con los presupuestos de 2026?

Pero los problemas para las administraciones territoriales no se limitan al corto plazo. Hay una decena que tienen sus presupuestos aprobados o en proceso de aprobación y que ahora se encuentran con que en las puertas del mes de diciembre una El acuerdo gubernamental aumenta sustancialmente su cuenta de gastos. del personal que tenían previsto. Otra dimensión del problema es la necesidad de ajustarse a una regla de gasto. La Airef ya había anunciado que una gran mayoría de autonomías iban a incumplir y con este gasto extra la brecha será aún mayor.