Él Escándalo del hospital de Torrejón ha puesto de relieve las carencias del modelo que prioriza colaboración público-privada en salud y que siempre ha defendido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los audios difundidos este miércoles ponen en duda la eficacia de este sistema y, al menos de momento, el Gobierno de Madrid guarda silencio.

En estos audios, grabados en una reunión privada del Grupo Riberaencargado de gestionar dicho centro, y publicado por ‘El País’, el director general Pablo Gallart animó a alargar las listas de espera en los hospitales para aumentar sus ganancias a «cuatro o cinco millones».

En concreto, instó a su equipo a «desandar el camino» que había seguido el centro y para el que habían hecho «un esfuerzo por bajar la lista de espera», ya que «la elasticidad de la cuenta de la renta a la lista de espera es directa». Es decir, priorizar el negocio que representa este hospital público ante los pacientes.

Este miércoles, la presidenta se negó a responder a las preguntas de laSexta al respecto, pero en septiembre pidió que «dejen de desprestigiar la salud pública» y aseguró que «La colaboración público-privada que tan buenos resultados está dando».

Una tendencia muy común en sus intervenciones de salud. Siempre los ha valorado como «necesarios y complementarios» y ha insistido en que «Se necesita la colaboración de todos». «Lo público y lo privado van de la mano en una región liberal», declaró en julio.

Unos meses antes, sostuvo que la participación privada «permite a la sociedad involucrarse en sus servicios públicos, que por cierto se pagan con los impuestos de los cuentapropistas, empresas y particulares».

Reunión del Consejo

Además del silencio de Ayuso, Su portavoz también ha evitado comentar. Se ha limitado a comentar ante la prensa que no había escuchado los audios. Sin embargo, El Ministerio de Sanidad ha convocado una reunión de urgencia con la dirección de Ribera.

Asimismo, ha enviado al hospital un «grupo interdisciplinario» para evaluar la «adecuada prestación del servicio». En un comunicado, el Ministerio ha asegurado que se tomarán las medidas pertinentes en función de los resultados finales.

Por su parte, el Grupo Ribera ha intentado defenderse. Han argumentado que el encuentro de los audios filtrados fue «privado» y tuvo lugar hace unos meses. Además, han señalado que las declaraciones podrían haber sido «alteradas» o «mal interpretadas» por falta de contexto.

En cualquier caso, la asociación Defensor del Paciente ha planteado una solicitud al fiscal general del estado, Teresa Peramato, pidiendo una investigación inmediata sobre las supuestas órdenes de Ribera.

Mientras los pacientes de Torrejón siguen soportando largas listas de espera, queda por saber si la Comunidad de Madrid va a tomar medidas y si Ayuso seguirá defendiendo con fuerza que las empresas privadas son las responsables de garantizar los servicios públicos esenciales.

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