NextEra, Eiser, E.ON, Antin, PV Investor, Watkins, 9RENy así hasta sumar 27 casos diferentes esperan llegar a un acuerdo con el Reino de España que ponga fin al litigio tras arbitrajes internacionales que les favorezcan.

Pero mientras tanto, se van acumulando intereses de demora al total actualizado a diciembre de 2025, los cuales derivan precisamente del incumplimiento de la obligación de pagar las indemnizaciones dictadas en los laudos.

La cifra no es estática, sino que sigue creciendo día a día y, de hecho, ha acelerado su ritmo de incremento, ya que los más recientes laudos se han dictado en un contexto de tipos de interés más elevados que en los años en los que se conocieron las primeras sentencias.

En mayo de 2023 se informó por primera vez del problema de los intereses de demora, un derivado de la saga de las primas renovables directamente achacable a la estrategia de eludir el pago de premios.

Por lo tanto, el monto acumulado por este concepto en las 18 condenas firmes conocidas ascendió a 103,8 millones.

En cambio, dos años y medio después, las obligaciones financieras vinculadas a esas mismas 18 sentencias han crecido hasta alcanzar los 248,7 millones.

Es decir, aumentan a un ritmo de 154.868 euros diarios. Desde entonces, la lista de condenados no ha dejado de crecer, pasando de 18 a 28 acreedores.

En total, Los fondos e inversores cifran en poco más de poco más la deuda total ligada a las adjudicaciones por el recorte de renovables 2.200 millones de euros, agregando compensación, intereses de demora, costas y otros costos legales adicionales.

Últimos casos

En octubre de 2025, el Ciadi volvió a condenar a España en el caso Eiser, duplicando el importe inicial hasta unos 262 millones de euros más intereses, lo que la convierte en la segunda sentencia más alta tras la de NextEra.

En paralelo, Tribunales estadounidenses y europeos admiten ejecuciones y embargos sobre activos españoles por valor de varios cientos de millonesdado el mantenimiento de la estrategia de impago y el recurso sistemático.

El Gobierno sostiene que la Fiscalía del Estado ha conseguido reducir drásticamente las cantidades inicialmente reclamadas (más de 10 mil millones) y que muchos laudos siguen apelados o no son definitivos.

Además, se basa en la jurisprudencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y en la Salida de la UE del Tratado sobre la Carta de la Energía cuestionar la ejecución de arbitrajes intraeuropeos, lo que prolonga la incertidumbre y los litigios.

Premios pendientes

De los cincuenta arbitrajes renovables iniciados, alrededor de ocho aún están pendientes de un laudo, con reclamaciones globales que suman varios cientos de millones (en total, las reclamaciones iniciales para todo el paquete superaron los 10,6 mil millones).

Pero también hay casos parcialmente bloqueados, como el de Antin, donde la Comisión Europea declaró Ayudas estatales incompatibles el pago de unos 101 millones y ha ordenado expresamente a España que no desembolse esa compensación, condicionando su ejecución al cumplimiento de la normativa de ayudas.

Bruselas y el TJUE han reforzado la doctrina de que los laudos intraeuropeos en virtud del TCE son incompatibles con el derecho de la UE.

El Gobierno está utilizando esto para resistirse al pago, pero no impide que continúen las ejecuciones en Estados Unidos u otros terceros países y que se sigan generando intereses.