La Cámara de Oviedo propone una liberalización masiva de suelo municipal y autonómico para impulsar la construcción de nuevas viviendas, especialmente asequibles, y evitar «un drama social»
La falta de vivienda es un problema social en Asturias que va camino de convertirse en un «drama social» si no se toman medidas urgentes. Es el aviso de la Cámara de Comercio de Oviedo, que este jueves presentó el Cuaderno «Vivienda y ciudad», en el que apunta algunas medidas ineludibles para comenzar a solucionar el problema. Entre ellas se cuenta una masiva liberalización del suelo municipal y autonómico «para impulsar la construcción de nuevas viviendas, especialmente asequibles. Resulta fundamental movilizar el suelo público disponible y facilitar su puesta en el mercado para su desarrollo residencial. Esta actuación, acompañada de criterios de sostenibilidad y planificación urbana, puede contribuir de forma decisiva a reducir la presión sobre los precios y mejorar el acceso a la vivienda». Pero hay otras medidas, como la reducción de la burocracia y los impuestos en torno a la vivienda.
[–>[–>[–>La combinación de una escasa oferta de vivienda y una demanda creciente está provocando un fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler. El último informe de «El Idealista» fija un precio medio de venta de 1.612 euros por metro cuadrado en agosto de 2025, y un crecimiento anual del 14 por ciento. «Este contexto de encarecimiento generalizado agrava la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, los hogares con menos recursos y otros colectivos vulnerables», resalta la Cámara.
[–> [–>[–>La construcción de vivienda va por debajo de la creación de nuevos hogares, que está siendo sostenida por la llegada de inmigrantes a Asturias. En Asturias, en 2024, el aumento de hogares fue de 2.849, frente a 1.907 nuevas viviendas. Esto hace señalar a la Cámara ovetense que Asturias precisa la construcción de 3.000 viviendas al año para responder a la demanda de forma holgada, lo que además permitiría mantener los precios estables.
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Otro obstáculo es el exceso burocrático, que provoca un cuello de botella en el desarrollo de nueva vivienda. «Lentitud burocrática es mayor ineficiencia», sentencia la Cámara. «El objetivo prioritario debe ser acortar los plazos de emisión de informes y autorizaciones, para lo cual será necesario: aprobar marcos legales específicos de simplificación que eliminen trámites redundantes, manteniendo al mismo tiempo todas las garantías jurídicas necesarias; establecer plazos máximos vinculantes para la emisión de informes sectoriales, fomentando el silencio positivo como mecanismo de seguridad y agilidad; implementar una ventanilla única autonómica para la tramitación de licencias, incentivando a los ayuntamientos mediante financiación condicionada a resultados en agilidad administrativa», indica la entidad cameral, y pone como ejemplo la “Mesa Grande de Licencias” del Ayuntamiento de Oviedo, que ha reducido drástricamente los tiempos de tramitación de licencias y permisos.
[–>[–>[–>Se hace necesaria «una reforma de la ley del Suelo» para eliminar «la rigidez de los procedimientos, la superposición de normas y la excesiva duración de los trámites urbanísticos».
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La Cámara también plantea «la colaboración público-privada, la aportación de suelo privado y también de suelo público. Y acometer estrategias de financiación donde se combine el atractivo para los inversores, con las limitaciones presupuestarias del sector público, con contención fiscal, y con la responsabilidad que un objetivo de tal naturaleza conlleva».
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[–>Para la entidad cameral, «el sector público no solo puede aportar suelo, también debe fijarse el objetivo de crear un parque público de viviendas lo suficientemente amplio y bien gestionado para garantizar el acceso a una vivienda digna a personas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos. Para eso es necesario realizar un diagnóstico real del déficit habitacional que permita identificar cuántas viviendas públicas hacen falta y en qué zonas. Y, a partir de ahí, proceder tanto a la construcción de nuevas viviendas como a la rehabilitación de inmuebles vacíos o en mal estado».
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Y añaden que «resulta urgente avanzar hacia un marco fiscal más favorable, racional y eficiente, que incentive tanto la construcción como la adquisición, especialmente de primera vivienda. La política fiscal debe alinearse con los objetivos de la política de vivienda, utilizando los instrumentos tributarios como palancas para facilitar la compra, promover la construcción de vivienda asequible y fomentar la actividad económica del sector».
[–>[–>[–>Y puso algunos ejemplos. «El impuesto sobre transmisiones patrimoniales sobre activos inmobiliarios, como la vivienda, en España tiene un tipo general del 11 por ciento, con algunas diferencias entre comunidades autónomas, que es de los más elevados de la UE situándose solo por detrás de Bélgica y el Reino Unido. En cuanto a la tenencia del activo, España, junto con Noruega y Suiza, son los únicos tres países que aplican un impuesto sobre el patrimonio neto. Por último, en la etapa de la enajenación de la vivienda, se resalta que en el impuesto sobre las ganancias de capital, que grava las inversiones en vivienda, España presenta un tipo marginal máximo del 30 por ciento, situándose significativamente por encima del promedio europeo, que es el 16 por ciento».
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