El gran incremento que han experimentado los precios del alquiler en los últimos años en España ha Casi un millón de inquilinos en viloaquellos que Firmaron sus contratos en los años 2020 y 2021. y para aquellos que Sumar ha solicitado un congelación de ingresos.

El partido liderado por Yolanda Díaz ha pedido a su socio de gobierno, el PSOE, que apoye un decreto ley para mantén presionado durante tres ejercicios más las condiciones de los más de 300.000 alquileres que se firmaron en 2020, el año de la pandemia, exigencia que se amplió ayer a los 630.000 contratos que se firmaron en 2021. Para este partido, esta nueva intervención en el mercado es una medida necesaria ante la evolución de los precios del alquiler.

Pisos.com, por ejemplo, afirma que entre 2020 y 2025 los precios de alquiler se han disparado un 20%, aunque Fotocasa apunta a un crecimiento cercano al 30% en el mismo periodo. Sin embargo, tanto estas inmobiliarias como el resto del sector inmobiliario achacan estas subidas a la falta de oferta. Además, sostienen que la excesiva intervención de las administraciones es lo que también está ahuyentando a muchos propietarios de este mercado.

Los socios de Gobierno de los socialistas llevan tiempo presionando para que los socialistas apoyen la medida, aunque el Ministerio de Vivienda asegura que aún no se ha tomado una decisión al respecto.

Según fuentes de la negociación citadas por EFE, ésta no avanza, entre otras razones, porque El PSOE no quiere una prórroga «en bloque», sino «poner tramos»lo que dejaría fuera a miles de inquilinos.

Aunque tanto los alquileres firmados en 2020 como los de 2021 se han actualizado año tras año, las subidas han sido limitado a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Tras su aprobación, la Ley Estatal de Vivienda ha limitado esta subida a una nueva tarifa para todos los alquileres formalizados a partir de 2023.

Junto a esta congelación, Sumar también ha solicitado que el decreto incluya una Nueva moratoria sobre los desahucios de alquileres que expira el 31 de diciembre y afecta a unas 60.000 familias vulnerables. Este colectivo ha podido evitar la puesta en marcha -el plazo de los desahucios- gracias a diversas prórrogas aprobadas en los últimos años para evitar que decaiga la prórroga aprobada con motivo de la pandemia.

Podemos y más de una veintena de organizaciones sociales quieren que el Gobierno haga estructural la medida y amplíe la cobertura a más casos de vulnerabilidad.