El objetivo es hacer que las reglas sean más claras y proporcionales, aliviar la carga sobre los bancos pequeños y avanzar en la integración financiera a través de una unión bancaria y de mercados de capitales plenamente operativa.

Las recomendaciones proponen fusionar los diferentes colchones de capital en sólo dos tipos (liberables y no liberables) y reducir el marco del ratio de apalancamiento a un requisito mínimo del 3% más un único colchón, que podría ser cero para entidades pequeñas.

La idea es mantener la capacidad de absorción de pérdidas que exige Basilea III, pero con un diseño más simple y predecible para supervisores y bancos.

Además, el BCE propone reforzar la calidad del capital de las entidades de crédito, en particular el capital de nivel 1 adicional (AT1), para mejorar su capacidad de absorber pérdidas en condiciones normales de mercado.

También propone aumentar la proporcionalidad de las regulaciones bancarias, ampliando el régimen simplificado actualmente reservado a entidades más pequeñas a un mayor número de bancos, con el fin de reducir la carga regulatoria de manera prudente y armonizada.

En el ámbito macroprudencial, el Consejo de Gobierno recomienda introducir la reciprocidad automática de las medidas nacionales, de modo que todas las entidades que operan en un país estén sujetas a las mismas obligaciones, evitando asimetrías regulatorias y reforzando la estabilidad del sistema financiero.

La institución presidida por Christine Lagarde también propone que las normas sobre cómo gestionar las crisis bancarias sean más coherentes en toda la UE.

En concreto, propone acercar los requisitos que deben cumplir todos los bancos a los que ya se aplican a las grandes entidades de importancia sistémica global (G-SIB).

Con ello, el guardián del euro pretende garantizar una aplicación más uniforme de las normas y una mayor transparencia, sin reducir los niveles de protección frente a posibles pérdidas.

Para avanzar hacia una mayor armonización, el BCE propone que las normas bancarias de la UE se adopten mediante regulaciones directamente aplicables en lugar de directivas, lo que reduciría las diferencias nacionales y fortalecería el llamado “código regulatorio único”.

También aboga por una mayor flexibilidad supervisora, por ejemplo, en la frecuencia de revisión de los modelos internos de las entidades, y por una simplificación de las pruebas de estrés a nivel europeo, con metodologías más racionales y resultados más útiles para bancos y autoridades.

En materia de información, la autoridad monetaria sugiere crear un sistema integrado que permita a las entidades comunicar sus datos una sola vez a todas las autoridades europeas pertinentes.

Este modelo, coordinado a través de la Comisión Mixta de Información Bancaria, buscaría reducir la carga administrativa y mejorar la calidad de los datos disponibles con fines estadísticos, prudenciales y de resolución.

Además, los requisitos de información se revisarían periódicamente (cada tres a cinco años) para garantizar su utilidad y evitar duplicaciones.

Este informe del BCE, que será enviado a la Comisión Europea, servirá de base para un análisis más amplio de la situación del sistema bancario europeo que Bruselas presentará en 2026.