El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ordenó el arresto este miércoles de la ex militante del PSOE, Leire Díez, el ex presidente de la Empresa Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación que intenta descubrir sin los tres Más de 750.000 euros repartidos en comisiones «involucrar a empresas y entidades públicas en sus operaciones dependiente de la SEPI«en cinco operaciones, según indica la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, a la que tuvo acceso Europa Press, del que el juez Piña es presidente y que lleva la causa en secreto.

A partir de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juzgado señala que las tres personas investigadas pertenecen a una grupo que se hace llamar «Hirurok» quienes «podrían haber dirigido diversos expedientes seguidos en la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechar su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas al servicio público», subrayan.

Según él, para «la mejora de este sistema», los acusados ​​habrían actuado en coordinación con el objetivo de “obtener los máximos beneficios económicos a través del cobro de comisiones” a través de “Contratación y facturación engañosas”y canalización de fondos principalmente a través de la sociedad Mediaciones Martínez.

Según los investigadores, la actividad de las personas encuestadas se habría realizado «al menos entre 2021 y 2023», y se habría proyectado en «diferentes puntos del territorio nacional, llegando a varias administraciones públicas», adoptando medidas de seguridad para garantizar «el mayor número posible de personas». discreción y confidencialidad de sus acciones”.

El escrito agrega que se detectaron cinco operaciones en las que obtuvieron decisiones favorables a sus intereses «a través de diferentes cargos públicosinvolucrando en sus operaciones a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”, que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.

Operaciones

La primera operación que mencionan es la concesión del rescate concedido por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos valorado en 112,8 millones de euros. Según los detalles, «Hirurok» habría realizado una «intermediación» para que se concediera este rescate, recibiendo a cambio un total de 114.950€ mediante facturación “aparentemente engañosa”, emitida por Martínez Mediaciones«.

Sede de Mercasa

Otro de los mordiscos se habría producido tras la adjudicación de un contrato público por parte Caminara favor de Servinabarla empresa propiedad de Alonso y de la que Santos Cerdán sería socio, por un importe de 18.119,75 euros y que sería “la solicitud de cambio de sede de la empresa pública”.

Los investigados presuntamente diseñaron una operación “en connivencia con una serie de directivos de la empresa pública, que habría generado esta falsa justificacióny al mismo tiempo supuso una ventaja económica para el grupo”, añade la investigación, calificando la atribución de innecesaria.

La constructora Erriberi

El tercer premio sería uno de Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a favor de UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio ambiente por 2,8 millones de euros. Los investigados habrían tenido la oportunidad de beneficiar a la empresa Erriberri en el proceso de adjudicación a través del presidente de la mesa de adquisiciones y, como compensación, la empresa habría canalizado fondos por un total de 400.000 euros al grupo.

Pagos de Enusa a un despacho de abogados

El tribunal incluye en la resolución supuestos pagos de la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. Según él, la operación se produjo en un momento en que Acciona quería adquirir dos fincas tituladas por la empresa pública. Estos serían una incineradora en Melilla y una central de tratamiento de residuos en Castellón.

El contrato habría supuesto costes adicionales “aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido encaminados a empresas de la órbita de “Hirurok”, produciéndose una serie de pagos desde esta oficina a Mediaciones Martínez por 17.545€.

Ayuda de Sepides para Forestalia

Finalmente, los investigadores mencionan en la resolución la concesión de ayudas otorgadas por Envía a la empresa Arapellet, del grupo Forestalia, por valor de 17,32 millones de euros. «El pago de 200.000 euros a favor del grupo ‘Hirurok’ que fueron canalizados, como en otras operaciones, a través de Mediaciones Martínez».

Inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca

El tribunal sostiene que la mayoría de las mordeduras estaban destinadas a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca)«actualmente se presumen inversiones conjuntas y, por tanto, vinculadas a los tres demandados», aunque otra parte de los fondos se destinó «a los propios miembros del grupo de forma individual». El juez Piña dejó en libertad este sábado a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso una medida cautelar retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencia ante el tribunal dos veces por semana en la corte.

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