Las balizas V-16 han sido tema de conversación e incluso controversia durante meses. Su llegada obligatoria y la forma en que fueron manejados generó tal polémica que incluso FACUA denunció hace unas semanas que la DGT promueve un fraude masivo.

La agencia está en el ojo del huracán, acusada de negligencia y de provocar un caos regulatorio que ha beneficiado a pocos y perjudicado a muchos automovilistas. Y su director general, Pere Navarro quiso presentarse con una respuesta un tanto inesperada, involucrando al Tribunal Supremo en el asunto.

La denuncia de FACUA: una estafa que involucra a millones de automovilistas

Cuando la DGT anunció el cambio de regulación, millones de automovilistas comenzaron a adquirir las luces intermitentes V-16 disponibles en el mercado y que, en ese momento, eran legales. El problema, según FACUA, es que la DGT no informó claramente que estos simples faros tendrían fecha de caducidad. Los usuarios compraron un dispositivo pensando que les serviría para siempre, o al menos durante mucho tiempo, y ahora se encuentran con que, en 2026, se verán obligados a comprar la versión conectada si quieren cumplir con la ley.

FACUA considera que esta situación es un fraude al consumidor y una trampa en la que se ha engañado a millones de personas gastar dinero en un producto que no funcionará para el fin que le fue asignado. La asociación señala directamente a la DGT por esta gestión, y por haber permitido la venta masiva de dispositivos que caducan el próximo 1 de enero.

Ante esta situación, FACUA avisó a los automovilistas que adquirieran uno de estos faros para reclamar su dinero por no haber sido debidamente informado sobre las características reales del dispositivo. Se basan en varios artículos de la legislación en materia de consumo para demostrar que ha habido competencia desleal y que se ha ocultado información importante para los compradores.

La DGT culpa al Tribunal Supremo

Cuando un organismo público es demandado por presunta mala gestión, suele defender su posición con argumentos técnicos o jurídicos sobre las ventajas de las nuevas normas. Sin embargo, la respuesta del director de la DGT fue nada menos que sorprendente y desató un debate aún más amplio.

Peras Navarro él no asumió la responsabilidad de la DGT sobre la posible desinformación de los conductores ni ofreció una solución compensatoria. En cambio, optó por echarle la culpa a la Corte Suprema.

Su tesis es que la DGT tuvo una idea inicial para la transición a las balizas, pero eso fue todo una sentencia de la sección tercera del Tribunal Supremo Permite a los fabricantes seguir vendiendo dispositivos no conectados, cuyo uso sería legal hasta enero de 2026. Según Pere Navarro, la DGT quería impedir la venta de dispositivos no conectados. También se defiende de la orden del Tribunal Supremo, citando esto De entrada, la DGT recomendó a los usuarios consultar el listado oficial de dispositivos homologados en su sitio web.

Al atribuir la responsabilidad a una decisión judicial, la DGT intenta eximirse de culpa en la gestión de la comunicación y de las consecuencias económicas para el conductor. Según Navarro, si no hubiera intervenido el Tribunal Supremo, las únicas balizas que se podrían encontrar en el mercado estarían conectadas a la plataforma DGT 3.0.

FACUA cree que la explicación es insuficiente

Ante estas acusaciones, FACUA respondió que no basta con decir consultar la página. Asegura que al incluir el logo de la DGT en las cajas de sus faros desconectados, el máximo organismo de tráfico no ha hecho nada para frenar este fraude masivo. Denuncia que sigue guardando silencio mientras otros se lucran a costa de los consumidores con un producto que dice estar homologado por la DGT.

Esta denuncia de FACUA contra la DGT por fraude en faros V-16 se un asunto de gran importancia lo que sienta un precedente sobre cómo la administración pública debe gestionar la implementación de nuevas tecnologías para la seguridad vial. La defensa de Pere Navarro, que culpa al Tribunal Supremo, añade una capa de complejidad a la controversia y pone de relieve la división entre las instituciones.

En cualquier caso, el tiempo se acaba y la fecha límite del 1 de enero de 2026 está a la vuelta de la esquina. La ley exige que a partir de esa fecha esté disponible un dispositivo de advertencia de peligro válido. Da igual que la DGT se haga cargo o no de los faros que no funcionan.