Empleo público y burocracia
Sorprendido por el crecimiento imparable del empleo público que ha alcanzado una cifra superior a los 3 millones de funcionarios, he tratado de ver cuantos de esos trabajadores –que como saben, su coste corre a cargo de los impuestos de todos los españoles– hay en la enseñanza y en la sanidad, que son las dos grandes áreas donde tienen un cometido y una función concreta de atención directa y muy necesaria para los ciudadanos.
[–>[–>[–>¿Por qué me he centrado en esa dicotomía?, pues porque lo que yo pretendía era saber cuantos funcionarios están dedicados a labores administrativas y burocráticas y poder analizar que parte de ellos son trabajadores asignados al papeleo innecesario.
[–> [–>[–>Les confieso que me ha sido imposible llegar a cifras fiables, así que lo único que he podido conseguir son unos números globales que, cuando trataba de desglosarlos, se convierten en una maraña que parece estar creada para confundir y ocultar los funcionarios que están destinados a labores inútiles.
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Los datos fidedignos son que el número total de trabajadores públicos es de 3.037.500, distribuidos: 63% de las comunidades autónomas, 19,6% de la administración local y 17,4% de la estatal, y que han crecido el 11,5% entre 2019 y 2024. De ellos, aunque no existe con exactitud un cifra oficial, se estima que los dedicados a la sanidad ascienden aproximadamente a 700.000 y a la docencia 800.000 lo que equivale a la mitad del empleo público total.
[–>[–>[–>Si resulta que aumenta de esa manera tan drástica –sobre todo en las comunidades autónomas– y seguimos careciendo de buenas prestaciones, como lo demuestran la proliferación de las demoras en la listas de espera de sanidad, la lentitud desesperante de la justicia y una enseñanza catalogada como deficiente y mediocre, la conclusión es que los servicios públicos no funcionan adecuadamente y, lo peor es que llevan fallando desde hace años sin que se ponga remedio.
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El exceso de burocracia debido a la hemorragia regulatoria en España se ha convertido en un problema trascendental, que afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas limitando el potencial de crecimiento económico. Las sobrerregulaciones y normativas de las 17 comunidades autónomas, sumadas a la legislación del estado central, crean tales duplicidades que se estima un impacto con un coste del 6% del PIB, lo que equivale a 120.000 millones de euros anuales.
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[–>Esta alarmante cifra es consecuencia, como decía, de la fragmentación normativa y de la falta de coordinación entre los distintos organismos y Administraciones que obstaculizan la unidad de mercado y la seguridad jurídica para las empresas. A este despilfarro también contribuye la demora en la resolución de expedientes y licencias que obligan a iniciar largos recursos colocando a nuestro país en una situación desfavorable respecto a la Unión Europea, resultando que esta burocracia funcionarial de papeleo inútil, que no crea valor, afecta seriamente a la competitividad, la inversión, y la creación de empleo.
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¿Se imaginan lo que se puede hacer con 120.000 millones anuales que ahorraríamos si tuviéramos una burocracia que funcionara como en otros países de la UE? Sin embargo, la carga impositiva a los ciudadanos sigue creciendo.
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