Los audios del consejero delegado del Grupo Ribera en los que pedía «deshacer el camino» Para reducir las listas de espera en el hospital de Torrejón siguen teniendo cola. Más Madrid se ha registrado en la Fiscalía Provincial de Madrid uuna denuncia por la presunta comisión de cinco delitos en la gestión de este hospitalun centro de la red pública gestionado por una empresa privada (Ribera Salud).

Más Madrid ahora pide que se investigue a la Comunidad de Madrid y Ribera Salud. En la carta enviada a la Fiscalía Más Madrid cita la grabación publicada en la que, señalan, se da la orden de buscar «una manera de incrementar el Ebitda, es decir, los beneficios de la empresa, aunque afecte a la calidad de la prestación sanitaria».

Y todo ello aunque, tal y como subraya la formación política, el contrato de traspaso de gestión destaca que el grupo Ribera Salud tiene «la obligación esencial del concesionario de mantener los más altos niveles de calidad que se puedan exigir a los hospitales públicos de su misma categoría».

También incluye información del diario ‘El País’ que indica órdenes de atender a los pacientes «cápitas» -personas adscritas a este hospital- pero no de practicarles cirugías. priorizar la atención de diálisis peritoneal «no cápita» rentable o suspender la atención de diálisis peritoneal «no cápita» por su costo.

Ante estas conductas, Más Madrid señala diferentes delitos, el primero de ellos es contra los derechos fundamentales y las libertades públicas al negar la prestación de un servicio públicoen este caso relacionado con la protección de la salud. También sugieren que existe un acto de discriminación contra las personas en el acceso a la atención de salud por su enfermedad u origen.

Según la formación regionalista, las condiciones de contratación de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón y las conocidas instrucciones de «ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger beneficios revelan indicios de varios delitos, entre ellos el de d«criminación en el acceso a un servicio público, injurias, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y falta de persecución de los delitos».

En consecuencia, solicitan a la Fiscalía que tomar declaración a quienes toman decisiones en el Grupo Ribera Salud y Torrejón Saluden especial Pablo Gallart, y los empleados que denunciaron las prácticas supuestamente ordenadas y fueron «despedidos repentinamente».

Sostiene que esta situación «no sólo debe tener una respuesta política» sino que «Hay base suficiente para una investigación en los tribunales» porque si cuando el director general de Ribera Salud «ordena aumentar las listas de espera» el Gobierno no ve «ningún incumplimiento» es porque «el Gobierno de Ayuso ha montado un sistema corrupto y criminal para que unos pocos ganen dinero a costa de la salud de todos».

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