El problema de fondo del «caso Plus Ultra» no solo afecta al posible mal uso del dinero de todos, resume la degradación del concepto mismo de interés general. El rescate de la aerolínea es uno de esos episodios que mejor explican el deterioro de los estándares de transparencia en la gestión. Bajo la coartada de la estrategia, el Gobierno decidió inyectar decenas de millones de euros de dinero público en una compañía que apenas movía pasajeros, con una cuota irrelevante en el mercado y sin impacto apreciable en la conectividad nacional. La operación olió mal desde el primer momento, Plus Ultra no era una aerolínea clave, ni por volumen, ni por rutas, ni por peso económico. Su desaparición no habría supuesto un quebranto sistémico y tampoco una amenaza para el transporte aéreo español. Sin embargo, fue tratada como una pieza esencial del engranaje, mientras otras empresas con mayor implantación y empleo quedaban fuera del radar del rescate. Más tarde trascendió que las autoridades francesas investigaban a su presidente y a su consejero delegado por presuntos delitos financieros. No se trataba de rumores de pasillo, sino de actuaciones judiciales en un país con tradición garantista. Aun así, el Gobierno español no consideró que estas circunstancias aconsejaran prudencia.