La cifra también es superior al gasto relacionado con políticas de vivienda y ayudasque en 2024 se situó entre 1.000 y 2.000 millones de euros una vez deducidas subfunciones como el suministro de agua o el alumbrado. Incluso imputando a este gasto toda la subfunción urbanística (2.700M) y el coste fiscal de la deducción por inversión en primera vivienda (2.200M), el resultado seguiría siendo una cifra similar o inferior al coste de actualización de las pensiones.

En realidad, la factura se dispara por encima de los 12.600 millones

Estos 5.400 millones de euros corresponden sólo a la revalorización de las pensiones contributivas actuales, pero la factura real será mucho mayor. Según estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la subida de los mínimos, el ajuste de los máximos, la llegada del 400.000 nuevos pensionistas y el llamado efecto sustitución -por el que entran nuevas altas con beneficios superiores a los que se extinguen- elevará el coste total hasta los 12.610 millones de euros.

Esta cantidad representa casi un sueldo extraya que es prácticamente la misma cantidad que la Seguridad Social destina cada mes para pagar la nómina de pensiones (13.000M). En línea con comparaciones anteriores, este gasto tiene magnitudes similares al de defensa (14.000 millones), medicamentos y productos farmacéuticos (15.000 millones), y casi duplica el destinado a universidades (8.800 millones).

Un costo de oportunidad estructural

Desde que el Gobierno vinculó por ley las pensiones contributivas al IPC en 2021, acumulan un incremento cercano al 20%. En el mismo periodo, el salario medio anual apenas ha aumentado a la mitad, según la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE.

Actualizar las prestaciones estatales al coste de la vida es, lógicamente, una prioridad en cualquier economía avanzada. El problema en España es que el gasto en pensiones de vejez y supervivencia (200.000 mil millones) No lo cubren los 165.000 millones que recaudan las cotizaciones sociales. El resto, algo más del 20% del total, se financia mediante transferencias del Estado, es decir, con impuestos generales que deberían destinarse a otras partidas o, en última instancia, con deuda pública.

Diferentes organismos como la AIReF o la Comisión Europea también vienen señalando reiteradamente el impacto del envejecimiento poblacional y el llamado efecto sustitución. Según algunas proyecciones, en 2050 habrá en España algo menos de una persona en edad de trabajar por cada persona dependiente, una cambio demográfico lo que coincide con el ingreso a la jubilación de cohortes con pensiones promedio más altas que las de quienes salen del sistema, lo que empuja el gasto hacia arriba incluso en escenarios de inflación moderada y crecimiento estable.

En este contexto, España también parte de una posición especialmente generosa en términos comparativos. La OCDE sitúa la tasa de sustitución de un trabajador con una carrera completa y un salario medio en torno al 80%, frente al 45% en Alemania. Y es que, según cálculos de la AIReF, los jubilados actuales reciben de media 1,6 euros por cada euro aportado a lo largo de su vida laboral, una vez actualizadas las cotizaciones por inflación y crecimiento económico.