los grandes fondos de inversión preparan ofertas para gestionar las viviendas del nuevo casero estatal Casa 47
Grandes fondos de inversión como Blackstone, Lone Star o Azora a través de sus gestoras de activos preparan ofertas para intentar adjudicarse el contrato millonario de la gestión de las viviendas de la entidad estatal Casa 47 (antes Sepes), el nuevo casero que ha creado el Gobierno. Diferentes fuentes consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que compañías como Anticipa, Servihabitat, Azzam o Intrum están estudiando la posibilidad de concursar a esta licitación donde el Ministerio de Vivienda incluyó numerosas cláusulas sociales para evitar la presencia de estos vehículos extranjeros, ponderando no únicamente razones económicas.
[–>[–>[–>Aunque la directriz gubernamental era evitar a toda costa que esta licitación recayese en alguno de estos grandes vehículos, foco de las críticas de partidos políticos de izquierdas, en las últimas semanas han crecido en el Ministerio las dudas de si la licitación será lo suficientemente atractivo para que alguna compañía se presente, ya que las exigencias a los candidatos son altas y la contraprestación —62,31 millones de euros, impuestos incluidos— no es excesivamente alta a pesar de la sensación que pueda suscitar la cifra por sí sola, de acuerdo a las fuentes consultadas. Adicionalmente, el sistema utilizado por Casa 47, que dividió el contrato en solo cuatro lotes, aglutinando territorios muy dispares, complica que pequeños operadores puedan concurrir.
[–> [–>[–>A pesar de todo esto, el que parece claro que presentará oferta por los cuatro lotes es Servihabitat, ‘servicer’ controlado por el fondo Lone Star, según fuentes consultadas. Esta compañía ya tiene un contrato gubernamental, con Sareb, al que coordina su Programa de Alquiler Social con Acompañamiento, consistente en identificar situaciones de vulnerabilidad, familias a las que se les ofrece un alquiler social que no supere ese límite del 30% de los ingresos —ya han firmado más de 9.800—, de forma que pueden seguir residiendo el inmueble y a la vez se les busca una reinserción laboral con la preparación de un curriculum vitae o cursos de formación. Tal ha sido el éxito, que el Gobierno mantendrá estos inmuebles dentro del perímetro del ‘banco malo’ hasta el final y no los pasará a Casa 47 hasta la disolución de esta empresa pública, hito previsto para 2027.
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También está «analizando» el concurso Intrum, compañía cotizada sueca, que es el principal contratista de la cartera de inmuebles de CaixaBank, especialmente concentrados en su filial Buildingcenter. A través de una división especializada, dirige el día a día de 15.000 contratos de alquiler, 5.000 de ellos de carácter social de los que ha gestionado más de 14.000 en los últimos quince años. Al acto de presentación de Casa 47 acudieron tanto Enrique Tellado como Borja Goday, director general y consejero delegado de Intrum y Servihabitat, respectivamente.
[–>[–>[–>Figuran en la lista de potenciales licitadores Aliseda y Anticipa, compañías participadas por el fondo norteamericano Blackstone, que por el momento estarían únicamente sondeando si presentarse o no y analizando los requisitos. Con menos fuerza, entran en las quinielas Azzam, gestor de cerca de 30.000 viviendas propiedad de Azora, una parte relevante de Nestar (antigua Lazora), el mayor casero de España por detrás de CaixaBank. También suena Alkira Living, esta última muy focalizada en la gestión de alquileres protegidos para la aseguradora Axa o fondos como Tectum o Palatino (Bankinter Investments y Vía Ágora). Entre los que parecen casi descartados está Hipoges, uno de los grandes contratistas de Sareb, al carecer de la experiencia necesaria en arrendamientos sociales.
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Un contrato «complejo»
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Fuentes consultadas explican que el contrato de Casa 47 es como mínimo «complejo», ya que exige a los licitadores una gran exposición territorial, en el sentido que un solo lote abarca numerosas autonomías. Por ejemplo, el número tres abarca las comunidades de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, que obliga a disponer de una amplia red territorial. Por contra, una empresa solo puede resultar adjudicataria de dos lotes, aunque obtenga la mejor puntuación en más.
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[–>Por otro lado, las empresas participadas por capital institucional dan por perdido el lote que incluye las viviendas radicadas en Cataluña, además de las de la Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, las tres grandes defensoras de los ‘topes’ a los alquileres, que creen que previsiblemente recaerá sobre alguna empresa sin ánimo de lucro, como Cohabit, gestor de unas 5.000 viviendas en la región, apuntan fuentes inmobiliarias. Lo que está claro es que el interés está asegurado —aunque no la concurrencia—. Desde el lanzamiento de la licitación, el equipo de la antigua Sepes ha respondido más de 70 preguntas sobre los pliegos en el Portal de Contratación del Estado.
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