De ser considerada crítica para solucionar el problema de la vivienda en España para todos los actores del mercado inmobiliario, la reforma de la Ley del Suelo ha pasado a ser moneda de cambio para desbloquear la llegada de fondos europeos y acabó estancada en un cajón después de que, además, el Gobierno ha sido incapaz de sacarla adelante por su fragilidad parlamentaria. La semana pasada, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Consejo de Ministros aprobó un nueva adenda al Plan de Recuperación que simplifica los compromisos para recibir el 25 mil millones de euros de fondos europeos no reembolsables que quedan pendientes y cuyo programa finaliza en agosto de 2026. La rectificación fue aprobada el pasado viernes por las autoridades europeas.

Entre las víctimas de este proceso de simplificación se encuentra la Ley de Tierras. El Ejecutivo español se había comprometido ante la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, a aprobar la reforma de esta norma para recibir fondos. Sin embargo, el Ministro de Economía explicó que La reforma se ha «transformado» y se aprobará con otras medidas, como la creación del nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, cuya viabilidad y resultados son muy dudosos en el sector inmobiliario.

De esta manera, un Iniciativa que el sector inmobiliario considera imprescindible para poner oferta de vivienda en el mercado y la solución del problema habitacional que vive España queda en suspenso sine die.

A grandes rasgos, la reforma de la Ley del Suelo busca resolver aspectos como la paralización del urbanismo por defectos menores que pueden corregirse fácilmente mientras el proyecto avanza, algo que ahora impide la normativa.

Pero la ley, crítica en un momento en que España se está quedando sin terreno definitivo donde construir porque su industria quedó paralizada durante la Gran Recesión, ha chocado con la aritmética parlamentaria. En mayo de 2024, el PSOE presentó una reforma que contó con el visto bueno del sector pero que retiró antes de que pudiera siquiera debatirse para evitar una derrota parlamentaria casi segura por el rechazo del PP y Vox y sus propios aliados justo después del revés que sufrió otro proyecto de ley para prohibir el proxenetismo.

La retirada del proyecto cayó como una bomba entre el sector. Sobre todo, por la incomprensión que provocó que el PP no la apoyara y luego presentara en el Senado una iniciativa alternativa muy similar que incluía, sin embargo, una línea roja difícil de aceptar para los socialistas: la retirada de aspectos de la Ley de Vivienda como las zonas en estrés de alquiler. La suerte de esta iniciativa ha sido la misma que la de la socialista, ya que tras ser aprobada en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría, queda bloqueada en el Congreso.

El mismo incredulidad, o similar, que provocó en el sector que los dos grandes partidos no hayan podido ponerse de acuerdo sobre una ley en la que encontraban multitud de similitudes ha tenido ahora el cambio de pegatinas de la ley por parte de Casa 47 en organizaciones como la empleadores de la construcción (CNC). Su presidente, Pedro Fernández Alénseñala que la renuncia a su modificación «podrá agravar el déficit habitacional, afectar la seguridad jurídica, distanciar los objetivos de industrialización del PERTE e impedir aprovechar el potencial de los fondos NextGeneration en la recta final de su recepción».

La casa 47 no es la solución

En opinión de la CNC, una gran empresa pública «no solucionará los problemas inmobiliarios que vive España, provocados principalmente por la falta de oferta y la inseguridad jurídica que rodea al sector». Así, la patronal alerta de los posibles «efectos colaterales de conceder tareas de este tipo a una entidad estatal, que ejecuta con mayor agilidad el tejido productivo a través de figuras de colaboración público-privada».

Desde el sector de la construcción consideran «urgente alcanzar un Pacto de Estado en esta materia» [la reforma de la Ley del Suelo] empezar a proponer soluciones al problema de la vivienda».

Según CNC, sin suelo donde construir, España se verá obligada a perder oportunidades para paliar el drama inmobiliario, desperdiciando los fondos Next Generation o PERTE para la construcción industrializada, una práctica que acapara el 20% del sector en Alemania o Países Bajos.