las carencias de la red energética son el mayor freno (y a Asturias le afectan mucho)
«Si no somos capaces de modernizar y ampliar las redes, ralentizaremos una gran oportunidad industrial». Esta frase encapsula una de las grandes problemáticas, si no la mayor, que aqueja al sector secundario español en la actualidad. A causa del estado de la red eléctrica, diseñada con otro paradigma en mente completamente distinto al actual, muchos proyectos ven paralizadas sus solicitudes de acceso a la red, generando un cuello de botella tremendamente dañino para la economía española. Y así resulta muy difícil crecer.
[–>[–>[–>Este fue uno de los debates centrales del reciente Encuentro anual de la Alianza Q-Cero para la descarbonización de la demanda térmica en España. El encuentro, celebrado en Madrid, contó con la presencia de numerosas autoridades en el ámbito industrial español.
[–> [–>[–>Las grandes eléctricas alertan de una saturación histórica de las redes de distribución en España: el 83,4% de los principales puntos de conexión están colapsados, lo que impide conectar cientos de proyectos industriales, energéticos y digitales. En 2024 se rechazaron más del 60% de las solicitudes de acceso, afectando a unos 40.000 MW. Las compañías reclaman reforzar y digitalizar la red, mientras crece el conflicto con la CNMC por la retribución regulada.
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La cuestión de las redes eléctricas es un problema que también preocupa a Asturias. La red nacional está altamente saturada: el 82% de las subestaciones del país no tienen capacidad disponible. Aunque Asturias es la región menos saturada (26%), sus principales polos industriales —Gijón, Avilés y los polígonos del centro— apenas pueden conectar nuevos proyectos por falta de potencia, lo que ya afecta a empresas relevantes, como Asturiana de Zinc.
[–>[–>[–>Tan es así que, recientemente, María Calvo, presidenta de la patronal asturiana FADE, adviritió de que el corazón industrial de Asturias «está bloqueado energéticamente». A su juicio, la saturación de la red eléctrica se concentra en el centro de la región, que reúne el setenta por ciento de la actividad económica del conjunto del territorio asturiano.
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En un contexto en el que la geopolítica de la energía está cambiando. Las importaciones de gas procedentes de Rusia cayeron de los más de 150.000 millones de metros cúbicos de 2021 a menos de 52.000 millones de metros cúbicos en 2024. Compensó esta disminución, principalmente, el aumento de las importaciones de otros socios. Las importaciones de Estados Unidos aumentaron de los 18.900 millones de metros cúbicos de 2021 a 45.100 millones de metros cúbicos en 2024. Por su parte, las importaciones de Noruega aumentaron de 79.500 millones de metros cúbicos en 2021 a 91.100 en 2024. Las compras a otros socios aumentaron de 41.600 millones de metros cúbicos en 2021 a 45.000 millones de metros cúbicos en 2024.
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[–>En los últimos tiempos, se habla de redes «desde una perspectiva estratégica desde hace años, como un aspecto fundamental para la estrategia europea», afirma Óscar Barrero Gil, socio responsable del sector de Energía en PwC España. «Las redes están en el centro de este nuevo paradigma de cambio de modelo económico que Europa quiere impulsar desde el New Green Deal hace cinco años», opina Barrero.
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Además de la autonomía, las redes juegan un rol fundamental en la descarbonización de la industria. «Desempeñan un papel central, porque toda esta nueva industria que queremos descarbonizar o localizar en Europa —para ganar no solo soberanía energética, sino también soberanía industrial— requiere redes para poder conectar esa oferta de renovables con la demanda de una industria que busca la sostenibilidad como valor diferencial», sostuvo.
[–>[–>[–>El Gobierno va tomando medidas para tratar de desbloquear la situación. En tanto que, «del total de solicitudes de acceso y conexión de la industria intensiva, el 30% corresponde a industria ya existente, que quiere ampliar su capacidad para electrificarse. El 70% restante —y aquí no se incluyen los data centers— es nueva industria que quiere instalarse en nuestro país. Ahí es donde hablamos de la oportunidad país», considera Marta Castro Pérez-Chirinos, directora de regulación en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC).
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El pasado 12 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció que elevaría un 62% el límite a las inversiones en la red hasta 2030 para desplegar nuevas redes. Sobre el papel, esto permitirá a las eléctricas gastar un total de 7.700 millones de euros más en estos cinco años, mientras que Red Eléctrica podrá destinar 3.600 millones de euros adicionales.
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Las corporaciones del sector aplauden el esfuerzo, pero está por ver si es suficiente. Barrero apuntó que, en Europa, se estima que es necesaria una inversión de 600.000 millones de euros. «En ese paquete se dice muy claramente: si no invertimos, perderemos oportunidad de localizar nueva industria, como data centers, y en definitiva no podremos cumplir con la estrategia europea», lamenta.
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Y la situación de España, según Barrero, es inmejorable. «Tenemos un enorme potencial de renovables y una infraestructura de partida que configura un terreno de juego muy atractivo para atraer esa nueva industria», reconoció, afirmando que España tiene el potencial para ser el «vencedor» frente a otros países europeos que tienen más dificultades para hacer frente a la descarbonización.
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A través de las conclusiones de un estudio elaborado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), su directora técnica, Irina Celades López, arroja luz sobre las perspectivas de futuro en la descarbonización de la industria. «Las conclusiones indican que, con escenarios a 2030, 2040 y 2055, se va a necesitar una mayor potencia instalada, y esto está cuantificado», advierte. «Un escenario conservador sería electrificar solo el 5% de los hornos de aquí a 2030, y con este quizá podríamos cumplir la capacidad de las redes actuales, pero es evidente que hay que ponerse a trabajar ya», reflexiona.
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Choque entre la CNMC y las eléctricas por la nueva retribución de las redes
La reciente aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la tasa de retribución financiera (TRF) de las redes eléctricas y de la metodología de distribución se ha consolidado esta semana como el principal foco de fricción en el sector energético en este 2025 que ya finaliza, más allá del apagón que marcó el inicio del año. El organismo regulador defiende que su propuesta busca equilibrar el impulso a la inversión en redes con la maximización del uso de las infraestructuras existentes, evitando trasladar un sobrecoste excesivo a los consumidores. Las eléctricas, sin embargo, critican la «falta de diálogo» y reclaman cambios urgentes en las circulares que deben entrar en vigor el 1 de enero, siempre que el Boletín Oficial del Estado (BOE) las publique antes del 31 de diciembre. Tras recibir el dictamen del Consejo de Estado, la CNMC ha optado por mantener la subida de la TRF hasta el 6,58 %, frente al 5,58 % actual. El incremento supone más de 2.000 millones de euros adicionales, según fuentes del organismo, que alerta de que elevar la tasa hasta el 7 %, como pedían las compañías eléctricas, habría encarecido en unos 900 millones la factura soportada por los consumidores. Las distribuidoras rechazan, sin embargo, esta lectura. Aelec —asociación que agrupa a Iberdrola, Endesa, EDP y otras compañías— sostiene que limitar la inversión «no reduce costes para el sistema ni para los consumidores, sino que los incrementa». Rebajar el refuerzo y expansión de la red, advierte, frena la electrificación, bloquea nuevas conexiones y ralentiza la actividad económica, trasladando costes adicionales a hogares y empresas.
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A pesar de las buenas condiciones, la situación se está convirtiendo en un cuello de botella. Y para Barrero, no se trata de falta de interés en invertir, sino de «no haber hecho los deberes a la hora de definir un marco regulatorio amplio que permita que las inversiones en redes se conviertan realmente en ese catalizador de la economía y de la sociedad».
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Este bloqueo ha provocado que las peticiones de acceso a la red «superen el 100% de la potencia instalada en España, desde el punto de vista de demanda». «Hemos generado un efecto llamada positivo, con inversiones que están llamando a la puerta, pero los modelos que fijan la retribución de las inversiones en redes no están adaptados al nuevo entorno y las empresas no tienen el incentivo para invertir y, lógicamente, no lo harán», añade.
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Barrero se muestra preocupado por un fenómeno que surge, en ocasiones, de la escasez: la especulación, que afirma que «ya existe en algunos puntos de conexión, otro asunto pendiente de resolver». «Tenemos que actuar en todos los frentes e invertir más», defendió, afirmando a su vez que debemos pasar del ritmo de inversión actual, de 1.800 millones de euros anuales, a más de 4.500 anuales. «No es un aumento del 30%, sino multiplicar por tres», alerta el experto, poniendo de manifiesto la enormidad del reto que España tiene por delante.
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