El Audiencia Nacional es un órgano judicial especializado en investigaciones amplias y complejas quienes, en muchos casos, duermen mucho tiempo hasta que llega la fecha del juicio. Los años de espera para sentarse en el banquillo forman parte desde hace tiempo del patrón habitual de este órgano español con sede en la capital.

De ahí la necesidad de los refuerzos solicitados por este tribunal. Los casos Pujol, Púnica, Lezo, el 3% de Convergencia Democrática de Cataluña y muchos otros muestran una situación que ha sido puesta de relieve recientemente en una sentencia, la de una pieza del caso Púnica, dictada 11 años después de que estallara debido, «entre otros déficits estructurales», a «la sobrecarga de macrocausas que sufrió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».

Así, a cierre de 2025, al menos 20 procesos se encuentran a la espera de juicio en las distintas secciones, algunos desde hace al menos tres años, según informaron a Efe fuentes jurídicas. Una situación que se debe generalmente a esa sobrecarga antes mencionada, sumada a la falta de salas disponibles para albergar macrocausas con un elevado número de imputados y testigos durante tanto tiempo, señalan las fuentes. Además, cuando un procedimiento tiene una persona en prisión preventiva, ésta tiene prioridad sobre el resto para llegar a juicio.

‘Lista de espera’ en la Audiencia Nacional

En la Audiencia Nacional no faltan ejemplos de investigaciones que llevan largos años en los juzgados y que, una vez listas para el juicio, entran en una especie de ‘lista de espera’ hasta obtener fecha, en muchos casos con investigadores que han tenido que prestar fianza para cubrir posibles responsabilidades económicas.

El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, de 95 años, y sus siete hijos se han sentado en el banquillo en 2025, trece años después del inicio de la investigación y cuatro después de que se abriera el juicio oral. Durante este tiempo, la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, falleció en 2024. Pero no es el único caso.

En 2026, el exconcejal de Madrid Francisco Granados afronta su segundo juicio por el caso Púnica, un macrocaso de presunta corrupción que estalló en 2014. Han pasado tres años y medio desde que el juez abrió el juicio. Este caso fue investigado casi en paralelo a otro caso de corrupción, también en la Comunidad de Madrid, del que ya apenas se recuerda.

El caso Lezo, que llevó al expresidente Ignacio González a prisión preventiva durante más de seis meses, comenzó a ser investigado en 2016 y aún no ha sido juzgado. Uno de los juicios está previsto para 2027. Otro de los casos de corrupción más famosos, Gürtel, han tardado dieciséis años en ser juzgado desde que se inició la investigación; el caso del 3% en torno a la extinta Convergencia Democrática de Cataluña, con apertura de juicio en 2022, aún no ha sido juzgado; y el del caso Nummaria, con los actores de ‘Cuéntame cómo pasó’ como imputados, tardó cuatro años en ser juzgado.

Una situación «estructural»

La sobrecarga, según las fuentes, no es temporal, sino «plenamente estructural» en un órgano judicial que se enfrenta a formas criminales cada vez más complejas, lo que ha motivado a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional a solicitar un aumento de la plantilla judicial. Sucede en el Juzgados Centrales de Instruccióndonde se acumulan macrocausas de corrupción, grandes estafas con criptomonedas, investigaciones por terrorismo o casos complejos de narcotráfico, entre otras. El último se creó hace casi 30 años, en 1997.

La Audiencia Nacional ha solicitado la creación de dos nuevos juzgados centrales, y también considera necesaria la creación de tres plazas más de magistrados de la Sala de lo Penal, peticiones que deberán ser avaladas por el Ministerio de Justicia tras su paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En paralelo a este aumento de plantilla, la Cámara de Gobierno también ha ido solicitando refuerzos temporales. Recientemente ha pedido renovar el juez de refuerzo ya adscrito al Juzgado Central de Instrucción 4 y ha solicitado incorporar otro refuerzo al Juzgado Central de Instrucción 1.

En la Sala de lo Penal, encargada de juzgar procesos o extradiciones, entre otras cuestiones, ha solicitado el ingreso de tres magistrados en comisión de servicio, lo que permitiría agilizar la tramitación de casos retrasados, añaden las fuentes. Estas comisiones de servicios se sumarían a las dos que ya existen en la Cámara. Tras la petición de la Sala de Gobierno, el CGPJ hace una valoración y la envía al Ministerio de Justicia, que debe dar luz verde exigiendo un refuerzo financiero, para después volver al Consejo para su aprobación definitiva.

Aunque la peor situación está en la Sala de lo Penal, también se ha pedido algún refuerzo en la Sala de lo Contencioso, y en el Juzgado Central de Menores con funciones de vigilancia penitenciaria se ha pedido renovar una comisión de servicios debido al «alto volumen de trabajo». Todo ello en un momento en el que, como muchos otros juzgados, la Audiencia Nacional también se enfrenta a un nuevo sistema organizativo impulsado por el Gobierno, con la entrada en funcionamiento en unos días de los Juzgados de Instancia, que modificará la forma de trabajar de jueces y funcionarios.

*Seguir laSexta en Google. Todas las novedades y el mejor contenido aquí.