la receta de una experta del Ministerio
Celia Gómez González es directora general de Planificación Profesional del Ministerio de Salud
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En los últimos años, la conversación pública sobre el sistema sanitario se ha centrado con frecuencia en la tecnología, la innovación diagnóstica o la modernización de infraestructuras. Sin embargo, la realidad es mucho más simple y más profunda a la vez: el futuro de la sanidad española –como el de todos los sistemas europeos– se decidirá en la capacidad que tengamos para cuidar, formar y retener a quienes cuidan. Los profesionales sanitarios son el corazón del sistema, y hoy ese corazón late con fuerza, pero también bajo una presión creciente.
[–>[–>[–>Estamos viviendo una transformación demográfica, tecnológica y social que redefine por completo la forma en que enfermamos, la forma en que nos cuidamos y la forma en que trabajamos en salud. Esta transición está revelando una paradoja evidente: nunca hemos tenido tantos recursos tecnológicos y científicos, y al mismo tiempo nunca habíamos percibido tan claramente la vulnerabilidad de nuestros recursos humanos.
[–> [–>[–>Un relevo generacional que marcará la década.
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Uno de los grandes retos que debemos afrontar es el relevo generacional. En los próximos diez años, una parte muy significativa de nuestro personal sanitario llegará a la edad de jubilación. Esto no es solo un dato estadístico: es un desafío estructural que exige anticipación. En el Ministerio estamos respondiendo con una ampliación sostenida de plazas de formación sanitaria especializada y en la financiación de plazas de grado, y con una mirada amplia sobre las futuras competencias que necesitarán los equipos multiprofesionales. Pero este esfuerzo no se limita a profesionales de grados universitarios. La Formación Profesional sanitaria abre la puerta a nuevos perfiles y nuevas combinaciones de competencias que serán esenciales para un modelo de atención más integrado, más comunitario y más resolutivo.
[–>[–>[–>Equidad territorial: un reto compartido con Europa.
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La distribución territorial de profesionales continúa siendo uno de los dilemas más complejos. La brecha entre zonas urbanas y rurales, o entre distintos ámbitos asistenciales, afecta a la equidad y condiciona la calidad de la atención. La reforma que planteamos del Estatuto Marco nos permite abordar este problema con nuevas herramientas: la definición de puestos de difícil cobertura, mecanismos de incentivos, movilidad regulada y una planificación conjunta con las comunidades autónomas. Estas medidas se alinean con las recomendaciones de la OMS y con experiencias de éxito en otros países europeos que están enfrentando desafíos similares. La sanidad pública solo será sostenible si es capaz de garantizar que haya profesionales donde más se necesitan.
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[–>La transformación digital del trabajo sanitario.
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La digitalización y la inteligencia artificial están empezando a modificar no solo los procesos clínicos, sino también la propia identidad profesional. Esto no significa sustituir el criterio clínico ni el valor humano del cuidado. Significa liberarlo: permitir que las herramientas digitales reduzcan la carga administrativa, faciliten la continuidad asistencial y devuelvan tiempo para lo que más importa. Para lograrlo, necesitamos reforzar la formación digital, fomentar el aprendizaje en equipo e integrar nuevas capacidades que permitan a los profesionales trabajar en entornos cada vez más complejos y multidisciplinares.
[–>[–>[–>Condiciones laborales: dignidad, estabilidad y salud mental.
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La sostenibilidad del sistema pasa también por la sostenibilidad personal. Las largas jornadas, las guardias excesivas, la temporalidad crónica y la exposición a agresiones afectan al bienestar físico y emocional de nuestros profesionales. No podemos mirar hacia otro lado. La reforma del Estatuto Marco propone avances significativos: regulación más estricta del descanso, derechos de conciliación y desconexión digital, reconocimiento del riesgo psicosocial y una hoja de ruta clara para reducir la temporalidad hasta el 8 por ciento. Estas medidas responden a una convicción profunda: cuidar a quienes cuidan no es un gesto simbólico, es una obligación ética y estratégica.
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Una visión compartida: formar con excelencia, trabajar con dignidad, innovar con propósito.
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España no está sola en este esfuerzo. En el contexto europeo compartimos experiencias, buscando soluciones comunes como mejorar la planificación de recursos humanos sanitarios en toda Europa. Esta colaboración es imprescindible en un contexto en el que los desafíos son globales y las respuestas requieren una mirada coordinada. En ese marco, es fundamental pasar de diseñar políticas para los profesionales a diseñarlas con los profesionales. La participación activa en procesos de innovación muestra que las mejores soluciones surgen cuando administraciones, profesionales, docentes e instituciones se sientan en la misma mesa.
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Mirando a la próxima década.
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Repensar el futuro profesional sanitario exige coherencia entre planificación, legislación e inversión. Requiere datos fiables, capacidad de anticipación, compromiso político y participación real de quienes están en primera línea. Significa, sobre todo, defender unos valores que forman parte del ADN de nuestro sistema sanitario: equidad, justicia, cohesión territorial y orgullo profesional. Tenemos por delante una tarea colectiva: garantizar que nuestro sistema disponga de suficientes profesionales, que estén bien distribuidos y que cuenten con las competencias necesarias para afrontar un futuro en constante transformación. Un futuro donde la tecnología no sustituya el valor humano del cuidado, sino que lo refuerce. Estamos en el camino adecuado, pero no hay soluciones simples. El desafío es complejo, pero es también una oportunidad extraordinaria para construir un modelo profesional más fuerte, más humano y más sostenible. El futuro de nuestra sanidad dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para cuidar a quienes la hacen posible. Y ese compromiso –compartido entre administraciones, profesionales y ciudadanía– es, sin duda, el mejor garante de un sistema público robusto y preparado para los desafíos de la próxima década.
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