Zamarriego investiga a esta mujer por los presuntos delitos de soborno y tráfico de influenciaspor sus andanzas para intentar obtener información sensible contra, principalmente, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado mes de noviembre, el instructor del Caso Leire admitió a Aldama y García-Castellón, a petición de ambos, como «perjudicados» por Díez.

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Fiscalía solicita que a ambos se les retire la condición de víctima que les legitima para actuar como acusación particular en este caso.

Zamarriego admitió el papel de Aldama porque —Según relató un testigo en este caso, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba— Díez habría tenido acceso a conversaciones privadas del empresario con su abogado mientras el primero se encontraba en prisión provisional.

Villalba atendió la convocatoria plomero del PSOE y redactó unas notas tras aquella reunión, en las que dejó constancia de esas supuestas escuchas.

Sin embargo, la fiscal Rosa Calvo considera que, si este incidente se hubiera producido «mediante un acceso no autorizado, podría entrar dentro de la categoría penal» que castiga delitos contra la privacidad«imputación que, por supuesto, excede de lo que es objeto de este procedimiento».

«Difícilmente Víctor de Aldama puede ser considerado víctima o perjudicado por hechos completamente ajenos a la trama que se investiga en este caso, tratándose de distintas acciones delictivas que atacan a distintos bienes jurídicos y responden a distintas intenciones», insiste el fiscal.

Por su parte, García-Castellón solicitó comparecer en el Caso Leire como acusación particular por unas informaciones de prensa que informaban que Leire Díez, durante sus reuniones para intentar obtener información, había criticado la labor profesional de este juez, cuando era el encargado de investigar el caso Caso Villarejo.

«Si tienen relevancia criminal, tales declaraciones podrían constituir un delito de insulto (…), hechos completamente ajenos a delitos contra la Administración pública [tráfico de influencias y cohecho] por lo que se adelanta este caso», considera la Fiscalía.

“No debe mantenerse la condición de perjudicados de los señores Aldama y García-Castellón. (…) El bien jurídico tutelado [en el caso Leire] Es el correcto y normal funcionamiento de las administraciones públicas. (…) Se trata de un interés difuso, que no puede ser encarnado por ninguna persona en particular; pertenece a la comunidad en general», concluye su escrito.

Por tanto, queda ahora en manos del juez Zamarriego la posibilidad de retractarse o, por el contrario, mantener a Aldama y García-Castellón como perjudicados, lo que podría ser recurrido por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid, instancia jerárquicamente superior.

Aldama y García-Castellón

En la resolución en la que admitió la comparecencia de ambos, el instructor los consideró víctimas de una «búsqueda de información» contra ellos, así como de la «difusión de la misma» por parte de Leire Díez.

Manuel García-Castellón Fue juez de instrucción de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, cuando se jubiló con 72 años.

Entre otras cosas, ha dado instrucciones a caso tsunamien el que investigaba por terrorismo Carlos Puigdemonto el caso sobre la supuesta financiación ilegal de Poder.

Miembros del Gobierno y del PSOE atacaron en numerosas ocasiones a García-Castellón. Especialmente en la etapa final de su carrera, cuando investigó los dos casos citados, que, en ambos casos, afectaban a socios parlamentarios del PSOE.

En el escrito en el que solicitaba comparecer, la abogada de la jueza jubilada señalaba que Leire Díez supuestamente «difundió información falsa» con el fin de «atentar contra el honor» y «la buena e impecable imagen» de su cliente.

Por su parte, el empresario Víctor de Aldama está siendo investigado por la Corte Suprema en la llamada Caso Ábalos/Cerdánuno de los casos judiciales que más preocupan actualmente al PSOE y al Gobierno.

En él también aparecen como investigados José Luis Ábalosex Ministro de Transportes y ex Secretario de Organización del Partido Socialista; Koldo Garcíael asesor principal del anterior, y Santos Cerdánel primero numero tres del PSOE. Díez presumía de ser el «derecha«a la sombra de este último.

En varias intervenciones públicas, Aldama ha asegurado que tiene documentación, que aún no ha hecho pública, capaz de hundir al Gobierno. Y sostiene que eso motivó a Leire Díez a intentar espiarle.

El plomero del PSOE se reunió con periodistas, empresarios o ex políticos para intentar obtener información sensible. Principalmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Por ello, también se reunió con Villalba en un bar de Leganés (Madrid).

La UCO está a cargo de las investigaciones del caso begoñaen el que la esposa de Pedro Sánchez, y el Caso David Sánchezpor lo que el hermano del presidente del Gobierno irá a juicio.

La lucha contra la corrupción es responsable, precisamente, de la llamada Caso Ábalos/Cerdán. Y Aldama se ha ofrecido a colaborar con esta Fiscalía, que fue quien solicitó el ingreso en prisión provisional tanto de Ábalos como de Koldo y Santos Cerdán. Tras varios meses tras las rejas, este último se encuentra actualmente en libertad.