El Consejo de Gobierno ha autorizado la sustitución de los actuales contratos de arrendamiento de la Empresa de Gestión de Activos Públicos (Epgasa) por otro que maximizará la eficacia y eficiencia y permitirá importantes ahorros en las arcas públicas de hasta 45 millones de euros en diez años.

Estos alquileres en la próxima década significarán un importe total de cien millones de euros a la citada empresa públicaes decir, a sí misma, por ocho edificios administrativos en los que trabajan unos 2.500 funcionarios públicos.

La clave de esta operación comienza en 2010 cuando gobernaba José Antonio Griñán. Fue entonces cuando la Junta vendió esos edificios a esa empresa pública y pagó el alquiler a precios de mercado, obteniendo así liquidez inmediata sin incrementar el endeudamiento.

En total, los edificios se vendieron por 93 millones de euros y fueron alquilados de nuevo a la propia Junta. Ahora, esos alquileres se reducen en 45 millones de euros para los próximos diez años.

Este acuerdo culmina, en el marco de la Auditoría del Sector Público de Andalucía, la reconfiguración de Epgasa y pone fin definitivamente a la operación Sale & Leaseback que la entidad contrató hace 15 años.

Los edificios afectados por la operación están ubicados en Sevilla, Málaga y Huelva. En concreto, en Sevilla se trata de los edificios de Plaza Nueva números 4 y 5; Calle Seda, nave 5, calle Castelar número 22 y avenida La Palmera número 41.

En Málaga, los inmuebles del número 47 de la Avenida de la Aurora y el número 22 de la calle Compositor Lehmberg; y, en Huelva, desde el número 4 de la calle Mora Claros y el número 4
Calle de los Mozárabes.

Plan de reestructuración del edificio

La operación es un paso más en el Plan de reestructuración de edificios públicos que lleva a cabo la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para valorar todos los inmuebles y activos de la Junta de Andalucía que se encuentran infrautilizados o en desuso, buscando el máximo ahorro en los alquileres de espacios públicos.

Además, este no es el único ejemplo de este tipo de operaciones encaminadas a obtener liquidez inmediata llevadas a cabo por gobiernos anteriores.

En 2014, La Junta de Andalucía vendió 70 inmuebles a un fondo de inversión por el que recibió 300 millones de euros, pero en el que se vio obligado a pagar 700 millones de euros hasta 2035.

En 2023, dentro de la estrategia de salvar y poner en valor el patrimonio público andaluz, la
junta de andalucía recompró las 70 propiedadeslo que supuso un ahorro de alrededor de 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones, finalizando el contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de los edificios.