El juez de Plaza de Castilla que investiga a Leire Díez por las supuestas maniobras de las cloacas del PSOE da un nuevo paso en su investigación. En un fallo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid emite un escrito a la Policía Científica para que analice los audios de las reuniones que mantuvo la bautizada fontanera de la formación socialista con el fiscal Ignacio Stampa y con el empresario Alejandro Hamlyn.

El juez Arturo Zamarriego exige que «se informe si ambas grabaciones pudieron haber sido manipuladas» y así poder verificar la integridad del material probatorio. La instructora toma esta decisión después de que la propia Díez, a través de su abogado, solicitara la anulación de los dos audios en los que quedan grabados los encuentros.

La ex militante socialista dudó de que fuera ella a quien se escuchó hablar, defendió que no se puede descartar que hubieran sido editados y apeló que con ellos se habían vulnerado varios de sus derechos fundamentales.

El juez Zamarriego rechazó dejar este material fuera de la investigación y señaló la necesidad de someterlo a un perito técnico para «evaluar las circunstancias concretas en las que se produjeron las grabaciones».

El exfiscal del «caso Villarejo» entregó la grabación al magistrado y en ella supuestamente se escucha cómo Díez ofrece beneficios laborales a Stampa, a cambio de información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que fue su compañero en esta unidad del Ministerio Público, el fiscal José Grinda, y el que fue instructor del «caso Tándem», el magistrado (ya jubilado) de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Que, además, se le representa como perjudicado en este caso.

El otro audio fue entregado por «El Confidencial» en el juzgado y recoge el vídeo encuentro que Díez mantuvo con Hamlyn, acompañado de Javier Pérez Dolset y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. Durante su encuentro, Díez habría ofrecido un pacto ventajoso con la Fiscalía al empresario huido de la Justicia por una millonaria defraudación del IVA en el sector de los hidrocarburos.

La exmiembro del Partido Socialista habría buscado en Hamlyn «trapos sucios» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, especialmente, sobre el teniente coronel Antonio Balas, mando sobre el que dijo que «si está muerto, mejor». De hecho, Pérez Dolset, también imputado en este procedimiento por delitos de cohecho y tráfico de influencias, se opuso recientemente a que Balas pueda reivindicar la condición de víctima en el caso.

El juez Zamarriego respondió a la nulidad prevista por Díez que aún no era el momento de pronunciarse sobre la validez de las pruebas, sin realizar antes el estudio técnico que ahora encarga. Y la valoración de si pudo existir una «posible vulneración de un derecho fundamental» con las grabaciones fue remitida a la audiencia preliminar que se celebrará al inicio de la fase de juicio oral, cuando concluya la actual fase de investigación. «Ni antes ni después», remarcó.

La abogada del investigado presentó todo tipo de argumentos jurídicos para intentar revertir los audios, que incluso dijo que tenían un «origen ilícito». En el caso de Stampa, porque asegura que fue grabado por un «funcionario» en el marco de una «investigación extraprocesal y prospectiva». Por otro lado, sostuvo que el contenido de la reunión con Hamlyn estaría amparado por el secreto profesional de Teijelo.