Telefónica entrega al juez Juan Carlos Peinado nuevos correos electrónicos «que reflejan la existencia de reuniones» sobre el software que desarrolló para la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez y que se investiga si pudo haberlo malversado, tal y como adelantó «El Confidencial» y ha podido confirmar LA RAZÓN.

En su respuesta al instructor, la compañía explica que algunos de estos «mails» incluyen «a veces algunos puntos discutidos o que se pretendía discutir» en las reuniones que mantuvieron sobre el programa informático que Telefónica creó junto con otras empresas de forma altruista.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ya ha trasladado la documentación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe. Fue este pasado mes de diciembre cuando el magistrado solicitó a Telefónica «los órdenes del día y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar en relación con la plataforma digital».

Éste acabó alojado en una web (transformatsc.org) a nombre de la esposa del presidente del Gobierno, cuando estaba concebido para ser un producto propiedad al 100% de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, el gigante español de las telecomunicaciones contesta al juez Peinado que no disponen de «ordenes del día ni actas de las reuniones celebradas en el marco de la colaboración» con la cátedra extraordinaria para la «elaboración de parte de las funcionalidades de dicha plataforma».

Sin embargo, el equipo de Telefónica que participó en el desarrollo técnico del proyecto discute comunicaciones relacionadas con las citaciones sobre el software y esto es lo que ahora el juez ha enviado en un pendrive a la UCO para que sean tenidos en cuenta en los informes finales de la investigación.

Según publica en primicia LA RAZÓN, Telefónica encontró en sus servidores otros correos electrónicos en los que aparece como remitente y destinatario el asesor de la mujer de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno.

Estos mensajes, sin embargo, serán útiles para dilucidar la parte del caso que busca esclarecer si la propia Gómez y Cristina Álvarez podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos ya que esta última estaba a cargo de la gestión de la extinta cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva.