El Ministerio de Justicia arranca 2026 con el objetivo de intentar completar lo que el ministro Félix Bolaños ha definido como «la mayor transformación de la Justicia en décadas».

Por delante, dos leyes que deben pasar la tramitación parlamentaria, como son la Ampliación de la Carrera Judicial y Fiscal y la reforma de la Ley de Procedimiento Penal, y avanzar en la anunciada nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Entre las normas que se encuentran en tramitación parlamentaria se encuentra el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, que supone, según el Gobierno, «la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años».

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde debe superar, entre otros, el rechazo ya anunciado por Junts.

En concreto, este proyecto, que incluye el incremento de jueces, fiscales y magistrados, se centra en cinco ejes: promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales al sistema judicial, buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia, incrementar la plantilla, mejorar sus carreras profesionales y promover la pluralidad y transparencia de sus estructuras.

Uno de los puntos que más polémica generó de esta reforma, aún con huelga el verano pasado, es el proceso de estabilización de jueces y fiscales suplentes con la convocatoria de 1.004 plazas para los mismos (673 para jueces y 331 para fiscales).

Mientras Justicia defiende que se trata de «cumplimiento de las normas europeas sobre el trabajo de duración determinada en el ámbito judicial», varias asociaciones de ambas carreras vienen denunciando que pone en riesgo su independencia. Además, estas plazas se suman a otras 1.500 que se anunciarán dentro de tres años.

También modifica el sistema de acceso a las carreras e introduce, además de una prueba tipo test y una prueba oral, una prueba escrita para evaluar el razonamiento jurídico de los aspirantes.

Y habrá modificaciones en la cuarta ronda de acceso a la carrera judicial, de modo que la convocatoria a la ronda libre de oposición será simultánea con el acceso a la cuarta ronda, a través de la cual podrán acceder juristas de reconocida competencia y más de 10 años de práctica mediante la evaluación de méritos y una prueba escrita. Se convocará un cuarto puesto de turno por cada tres puestos del turno libre. También se crea la cuarta ronda en la carrera tributaria.

Respecto al sistema de oposiciones para acceder a los cargos de juez, fiscal o magistrado, se incluye el derecho de los aspirantes a solicitar una beca similar a, al menos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante cuatro años. En este punto, el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid se posiciona como un centro público de preparación de oposiciones a fiscales, jueces, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia.

Esta norma también se centra en el desarrollo de la carrera profesional, estableciendo la promoción automática de jueces y magistrados por antigüedad cinco años después de su ingreso en la carrera.

proceso penal

También en su recorrido parlamentario se encuentra el Proyecto de Ley Orgánica de Procedimiento Penal (Loecrim), que también ha recibido numerosas críticas, tanto de la oposición como de las asociaciones de jueces.

Una de las quejas se debe a que esta norma deja en manos de los fiscales la investigación penal, en un proceso que será controlado por una nueva figura: el juez de garantías. Luego de esto, un segundo juez deberá decidir si abre o no juicio oral y un tercero juzgará los hechos.

Al mismo tiempo, regula la acusación popular, dejando fuera a las personas jurídicas públicas, a los partidos políticos, a los sindicatos o asociaciones dependientes de ellas. Además, marca los delitos en los que se puede ejercer esta acusación, entre ellos corrupción, delitos contra los derechos del consumidor, delitos de odio, violencia sobre la mujer o financiación ilegal de partidos.

Además, la Loecrim también incluye una reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio Público que busca principalmente fortalecer su autonomía. Para ello, y entre otras medidas, el mandato del Fiscal General del Estado será de cinco años y no estará sujeto al Gobierno de turno como ocurre ahora.

Justicia gratuita

Aún lejos de la tramitación parlamentaria, ya que aún tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, se encuentra uno de los últimos anuncios de Bolaños: una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita «en los primeros meses de 2026», que definió como «la última pieza» que falta en el conjunto de reformas judiciales que está llevando a cabo su departamento.

Esto responde a una de las principales quejas de la Abogacía española, que lleva años pidiendo una nueva legislación que regule la Justicia Libre y con la que el ministro se comprometió en numerosas ocasiones con el colectivo, atendiendo a sus demandas y trabajando juntos para incluir, entre otros, la actualización de los baremos y la mejora de las condiciones de los profesionales. De hecho, el año pasado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, pidió que la asistencia gratuita fuera «una cuestión de Estado».

Otros desafíos

Finalmente, esta transformación de la Justicia también cuenta con otra norma cuya última fase concluyó ayer 31 de diciembre: la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la transformación de los alrededor de 3.800 juzgados unipersonales en 431 Juzgados de Instancia. Los últimos cien en activarse han sido los de grandes distritos judiciales como Barcelona, ​​Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid.

Eso sí, en Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero, ya que la Justicia les dio cierta flexibilidad para completar los últimos «ajustes técnicos». En este sentido, el ministerio destacó que los primeros 300 activados desde julio ya estaban funcionando «sin incidencias reseñables».

Sin embargo, algunas asociaciones, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), advirtieron, entre otras, del riesgo de «colapso». Incluso los decanos de más de 50 grandes capitales y la Audiencia Nacional solicitaron el aplazamiento de su implementación.

Y aunque no forma parte de esta transformación judicial ni depende únicamente del departamento que dirige Bolaños, también está sobre la mesa una nueva ley integral contra la corrupción que forma parte del Plan Anticorrupción del Gobierno, presentado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en agosto.

Se trata de una norma que el propio ministro defendió en octubre, señalando que en España «existen diferentes normas que ponen barreras, castigos, infracciones y sanciones a conductas que pueden ser corruptas y delictivas», lo que permitirá, «de forma integral, conocer todas las cuestiones que tenemos que abordar para ser verdaderamente eficaces en la lucha contra la corrupción».