Desde hace más de dos años, el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, por presuntamente haber manipulado parte de la grabación que incluye el testimonio ofrecido por un menor en el proceso de divorcio de sus padres que llevó a cabo un juzgado de la ciudad castellano-leonesa de Valladolid.

El padre, que lleva la acusación particular contra Cubo, denuncia que en los últimos meses se están produciendo una serie de irregularidades en el caso que, sostiene, afectan inevitablemente a la legalidad del proceso y lo dejan en indefensión.

En primer lugar, el abogado de los padres advirtió que el instructor accedió, «sin informar a las partes», un trámite solicitado por el abogado del Estado que representa al alto funcionario del Ministerio de Justicia imputado.

En concreto, el juez acordó solicitar copia del expediente de instrucción de la menor (que habría sido manipulado) al juzgado de Valladolid que estaba a cargo del procedimiento de divorcio.

La representación legal del padre asegura que, tras esto, ha sabido por un escrito de la Fiscalía del Estado que el vídeo llegó a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

“Habiéndose ya recibido en el expediente el video original”, dice, específicamente, el escrito del abogado del Estado, al que se refiere esta parte. El denunciante asegura que, sin embargo, no le han entregado estas pruebas y desconoce si han sido notificadas al fiscal. Advierte además que esta actuación tampoco consta en el expediente electrónico del caso.

El abogado del padre ya ha planteado ante la Audiencia Provincial de Madrid que ha sido «excluido de toda acción para facilitar la labor de la defensa» del alto funcionario del ministro Félix Bolaños, lo que -afirma- implicaría la nulidad de las decisiones de este juez.

Ahora, serán los magistrados madrileños, como órgano superior al instructor, quienes decidan si procede retractarse de actuaciones o es legal la deriva que ha tomado la investigación.

Por otro lado, este abogado del Estado (que es uno de los que defendió a Álvaro García Ortiz) solicitó en el escrito con el que informó sobre la transmisión del vídeo que el material sea sometido a un peritaje más completo por parte de la Policía Judicial.

Tal y como solicitó el abogado defensor, este análisis técnico debía concluir si existe o no «algún metadato o rastro digital» que permita atribuir una «intervención directa» de Cubo en la introducción o generación de un «ruido rosa» en la grabación en cuestión. O, incluso, si hay algún indicio de «participación» o «interacción» atribuible a este director general del Gobierno socialista.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso indican a este periódico que el abogado del padre ve en esto una maniobra del abogado del Estado para poner fin a la causa por un delito de falsedad en documento público que continúa dirigido contra Cubo. Busca -según ella- que este estudio forense concluya, de manera genérica, que no existen indicios que relacionen a Cubo con la supuesta alteración.

En el recurso contra el auto que autorizó este perito, el abogado de los padres informó al juez de que el abogado del Estado «pretende desviar esta instrucción de su finalidad», que es -recordó, citando a la Audiencia de Madrid- determinar si hubo manipulación del vídeo en la «sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia, sita en Madrid, al ser este el lugar donde están instalados los servidores donde se lleva a cabo el proceso de validación de todo tipo de firmas». resoluciones.

Las actuaciones de la Fiscalía

Para el padre denunciante también resultó “llamativo” que el Ministerio Público apoyó la realización del peritaje en los términos solicitados por el abogado del Estado. Las dos implicaciones que ve detrás de la decisión son igualmente «muy graves» para este partido, como explicó en un escrito.

O el fiscal «tuvo acceso a la grabación» de Valladolid, «y sólo se ha excluido la acusación particular», o el Ministerio Fiscal «apoya indiscriminadamente la petición de la defensa sin ningún tipo de rigor ni fundamento fáctico alguno».

El representante de la Fiscalía se mostró respaldado en sustentar la diligencia solicitada por la Abogacía del Estado en la que se pretendía «esclarecer tanto el origen del ruido que aparece en la grabación del examen del menor como averiguar si existió alguna manipulación ajena a la grabación (…) y, en su caso, la participación del investigado (Cubo)».

El origen: un «ruido rosa» en el audio

En el proceso de divorcio, el padre solicitó acceso a la grabación de audio del examen forense que se le realizó a su hijo en el juzgado. Cuando lo entregaron, señaló que «carecía de calidad suficiente».

Luego, volvió a solicitar la grabación al Centro de Atención al Usuario de Justicia (CAU) en un formato con el que pudiera escucharla con normalidad. Desde este departamento respondieron que no había posibilidad de recuperar el audio.

Ante esto, el padre de familia encargó un peritaje del expediente el cual indicó que se introdujo un “ruido rosa” que no estaba presente en el ambiente de grabación.